La medida fue decretada por el presidente de la república, Guillermo Lasso, el pasado 18 de octubre por grave conmoción interna, durante un período de 60 días y a nivel nacional, pero la Corte Constitucional la redujo a la mitad del tiempo y aplicó en puntos específicos, donde se concentran la mayoría de los delitos.
Al respecto, la institución alegó que el ejecutivo no dio razones de peso para extender la disposición por dos meses.
Durante ese tiempo, según datos del Ministerio de Gobierno (Interior) fueron 234 mil 804 las acciones efectuadas, que permitieron el decomiso de 16 toneladas de droga y 634 armas de fuego, así como la desarticulación de 76 bandas delictivas, la recuperación de 332 motocicletas y de 215 automóviles.
Entre los principales delitos reportados en ese período estuvieron los asaltos en semáforos y centros comerciales y asesinatos.
Pese a todas las medidas adoptadas y el refuerzo de la Policía Nacional, personal de la Agencia Nacional de Tránsito y de las Fuerzas Armadas para realizar controles de armas y drogas, patrullajes y revisiones, las irregularidades no mermaron.
Al respecto, el vocero de la presidencia de la república, Carlos Jijón, advirtió: “El gobierno está evaluando un nuevo estado de emergencia».
Sobre esa posibilidad señaló que es probable una determinación del ejecutivo durante esta jornada, o una vez evaluado el informe de la etapa recién concluida.
Estadísticas oficiales indican que durante los 30 días pasados las muertes violentas ascendieron a 110, el 70 por ciento de ellas en la provincia de Guayas, con los mayores registros de delitos.
De su lado, en la población, la percepción de inseguridad no disminuye, lo cual se complica con las violencia reportada en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, escenario de las dos peores masacres en el sistema carcelario nacional, en solo dos meses, con un saldo de más de 180 muertes y decenas de heridos.
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