Vick acusó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico al Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) de negarle una fianza diferida en el caso de la fallida venta de pruebas rápidas de Covid-19 al puertorriqueño Ministerio de Salud por 39 millones de dólares.
El norteamericano está imputado junto al abogado boricua Juan Maldonado de aprovechar la crisis que se creó ante el advenimiento de la pandemia en marzo de 2020 en esta nación caribeña para a través de la empresa Apex General Contractor dar “un tumbe” al gobierno.
Maldonado, vinculado al anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), no tiene ninguna experiencia en el área de medicamentos y la operación se detuvo cuando el banco donde Apex tenía la cuenta emitió un alerta a las autoridades federales debido a la suma de dinero irregular.
De hecho, la compañía beneficiaria apenas tenía actividad económica por varios años, lo que incrementó la sospecha de irregularidad durante la gobernación de Wanda Vázquez Garced, que advino tras el derrocamiento popular en el verano de 2019 de Ricardo Rosselló Nevares.
Ahora Vick, imputado junto a Maldonado el pasado 4 de noviembre en la jurisdicción de Puerto Rico, sometió una demanda federal contra el PSAJ por negarle una fianza diferida en el caso de la fallida venta de pruebas rápidas de Covid-19.
Sus abogados alegan en su acción judicial que la directora de PSAJ, Janette Rodríguez, recomendó diferir la fianza de 250 mil dólares que le impusieron a Maldonado, por lo que podría estar en libertad condicionada pagando una fracción del total mientras se procede con el caso judicial.
En cambio, a Vick le negaron diferir la fianza por residir en la nación norteña, específicamente en el estado de Virginia.
La demanda establece que “Aaron Vick cumple con todos los criterios de OSAJ para solicitar que la fianza sea diferida, como Maldonado”.
La OSAJ argumenta que no podrá supervisar adecuadamente al empresario durante su libertad previo al juicio basado en el hecho de que no es un residente de Puerto Rico.
La acción judicial se basa en un trato discriminatorio por lo que reclama protección bajo la Cláusula de Privilegios e Inmunidades de la Constitución de Estados Unidos, debido a que no tiene los recursos económicos para pagar la totalidad de la fianza de 200 mil dólares de fianza que le fijaron en ausencia.
La cláusula establece que los estados no pueden tratar de forma discriminatoria a los ciudadanos de otros estados, por lo que reclama similares condiciones que las otorgadas a Maldonado.
Este caso posiblemente abra una nueva brecha en las disputadas legales federales que involucran a Puerto Rico, que Washington estableció desde 2014 que no goza de poderes soberanos como proclamó desde 1952 con la creación del Estado Libre Asociado.
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