De acuerdo con el portal del TSE, en el segundo bloque de estos intercambios se hicieron sugerencias a las reglas sobre publicidad, tiempo electoral gratuito y conductas ilícitas en la campaña.
El abogado Roberto Vasques destacó la importancia de garantizar mecanismos que no pongan en duda la seguridad del sistema de voto electrónico ni atenten contra el Estado de Derecho Democrático.
Según Vasques, resulta necesario combatir los ataques a la legitimidad de las urnas electrónicas -a menudo llamadas cajas negras por las redes sociales- y a los funcionarios y ministros del TSE.
Francisco Cruz, en representación del Centro de Investigación en Derecho y Tecnología Internet Lab, destacó que, para mejorar la resolución sobre la propaganda electoral, solo se debe permitir la difusión de contenidos adecuados y acordes con la legislación vigente.
«Sugerimos que se cree un canal de protección de la campaña, que funcione como una vía de rendición de cuentas con los votantes. Sobre los disparos masivos (de mensajes), este concepto debe delimitarse con respecto a las herramientas que lo hacen», comentó.
Dario Durigan, representante del aplicativo multiplataforma de mensajes instantáneos WhatsApp y la red social Facebook en Brasil, justificó la colaboración de la empresa con la Justicia Electoral brasileña y ponderó las acciones realizadas en asociación con el TSE.
Recordó que la app de mensajería desarrolló una plataforma para la denuncia de perfiles que utilizaban el disparo masivo de contenidos.
El director jurídico de la organización de activistas digitales Sleeping Giants Brasil, Humberto Ribeiro, afirmó que la contribución de la institución está alineada con la responsabilidad social en la lucha contra la desinformación, el discurso de odio y la violencia política.
«Queremos que la resolución pueda incluir la protección de los grupos contra la violencia política y otros grupos, como los LGBTQIA+, ya que somos los principales objetivos de estos ataques», apuntó.
En la audiencia también se abordó la mejora de las normas relativas a la violencia política de género en las elecciones.
Carla Rodrigues, que representa al Observatorio de la Violencia Política contra las Mujeres, señaló que existen restricciones en la legislación actual sobre el tema, que, en su opinión, deberían estar mejor detalladas en la resolución del TSE.
Las audiencias públicas son obligatorias y tienen lugar en el segundo semestre del calendario anterior a las elecciones. Este año se celebrarán por videoconferencia debido a la pandemia de Covid-19 y se retransmitirán por el canal de YouTube del tribunal.
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