El juez Marcelo Bretas, del séptimo Tribunal Penal Federal de Río, sancionó además al exgobernador Sergio Cabral y a Leonardo Gryner, exdirector de operaciones del comité organizador de Río 2016.
A todos se les acusa de fraude en la compra de votos de los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) para la elección de la llamada Ciudad Maravillosa como sede de las olimpiadas.
En la sentencia, la pena del extitular del COB fue la más alta y alcanza los 30 años, 11 meses y ocho días de prisión y el pago de mil 344 días de multa, a un valor unitario de un salario mínimo, por los delitos de corrupción pasiva, pertenencia a organización criminal, lavado de dinero y evasión de bienes en régimen cerrado.
Sin embargo, el magistrado concedió que Nuzman, de 79 años, pueda recurrir la sentencia en libertad, siempre que se mantengan las medidas cautelares que se determinen en un tribunal superior por los motivos expuestos.
La condena de Cabral por el delito de corrupción pasiva alcanza los 10 años y ocho meses, y 391 días-multa en régimen cerrado.
Bretas también señaló que un acuerdo de culpabilidad al que se sometió al exgobernador fue invalidado porque el Supremo Tribunal Federal dictaminó que es imposible que la Policía Federal celebre este tipo de acuerdos sin el consentimiento de la Fiscalía.
Por su parte, Gryner fue condenado a prisión por los delitos de corrupción pasiva y pertenencia a organización criminal. Deberá cumplir 13 años y 10 meses de prisión en régimen cerrado y pagar 625 días de multa, a razón de un salario mínimo por los delitos.
La acusación de compra de votos para Río 2016 se investigó en la llamada Operación Juego Desleal, que mostró cómo el gobierno de Cabral tendió un puente entre el empresario Arthur Soares para financiar el fraude y los miembros del COB.
Para llegar a la fase actual de la investigación, el Ministerio Público Federal tuvo que realizar solicitudes de cooperación jurídica internacional a cuatro países: Antigua y Barbuda, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido.
Durante las investigaciones, la fiscalía francesa reunió material sustancial para demostrar que se compraron votos para elegir la sede de los Juegos Olímpicos de 2016.
Una de las papeletas fue sobornada a Lamine Diack, entonces presidente de la Federación Internacional de Atletismo y luego miembro del COI, a través de su hijo, Papa Massata Diack.
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