Por tres votos contra uno, la decisión se deriva de la anulación, establecida por el ministro Edson Fachin (del STF) en marzo, de todas las condenas de Lula en la Lava Jato.
Fachin decidió que la Justicia Federal de la sureña ciudad de Curitiba no tenía competencia formal para juzgar las acciones contra el fundador del Partido de los Trabajadores y, con ello, anuló los juicios.
Tal decisión fue confirmada por el pleno del STF en abril.
Los procesos que estaban en curso en el estado de Paraná sobre los casos del apartamento triplex de Guarujá, el sitio Atibaia, las donaciones al Instituto Lula y la sede del Instituto Lula fueron enviados a la Justicia del Distrito Federal y entonces la defensa de Lula pidió que se liberaran los bienes bloqueados en estos procesos.
Pero en mayo, la Justicia Federal de Paraná denegó la solicitud. En el momento, el juez federal Luiz Antonio Bonat evaluó que la revocación dependía de la manifestación de Fachin, relator de la Lava Jato en el Supremo.
Ahora en el juicio, Fachin votó a favor del mantenimiento del bloqueo de activos, pero fue derrotado porque los ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes y Nunes Marques lo hicieron en contra.
Lewandowski argumentó que el Tribunal Federal de Curitiba no podía emitir más juicio de valor sobre ellos, incluso sobre el mantenimiento del bloqueo de los bienes del denunciante Lula.
«Esta nueva decisión del STF es consecuencia del reconocimiento de la nulidad de los procesos que involucran al expresidente Lula debido a la incompetencia y sospecha (de parcialidad) del exjuez Sergio Moro», indicó la defensa del exmandatario en un comunicado.
Subrayó que la corte de Curitiba «debería haber autorizado la retirada hace mucho tiempo, pero prefirió, una vez más, despreciar la decisión del Tribunal Supremo para perjudicar a Lula».
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