De acuerdo con el informe preliminar del Ministerio Público, se trata de “Operación Fisher” que incluyó una investigación de dos años y concluyó este miércoles con la incautación de decenas de vehículos, dinero en efectivo y armas de fuego.
El operativo tuvo lugar en tres provincias, incluida Colón, considerada la puerta de entrada desde Panamá para buena parte de la droga perteneciente al Clan del Golfo y con destino a Estados Unidos.
A los detenidos —incluidos nueve funcionarios, cinco de ellos de los estamentos de seguridad— se les acusa por tráfico, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.
El Procurador General de la nación, Javier Caraballo, precisó a la prensa que el grupo recibía grandes cantidades de drogas desde Colombia por la costa Atlántica de Panamá.
La banda también sacaba la droga escondida en vehículos hacia países de Centroamérica.
El Clan del Golfo opera en una zona del Caribe próxima a la frontera de Panamá con Colombia. Ambas naciones estudian establecer un puesto binacional fronterizo en Cabo Tiburón para reforzar el combate contra ese flagelo.
El sistema de justicia panameño recibe críticas de la sociedad que exige resultados para castigar la corrupción, el narcotráfico y la violencia que este genera y los demás crímenes que crean un clima de inseguridad para la nación.
Aunque el presidente del país, Laurentino Cortizo, y oficiales de los cuerpos de seguridad presentan como un éxito el récord de captura de drogas, la población expresa en encuestas y a los medios de prensa su percepción de que la violencia se incrementó en los últimos tiempos.
A su vez, la Fiscalía y los uniformados comunican de los fuertes operativos contra redes mafiosas con vínculos transnacionales, pero veladamente dejan entrever que la parte débil está en los juzgados, donde víctimas y abogados denunciaron venta de fallos.
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