Desde marzo de 2018 hasta mediados de 2019 unos 234 palestinos perdieron la vida en ese enclave por el accionar de los militares israelíes durante la llamada marcha del retorno.
La ONG israelí B’Tselem y el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) afirmaron en un informe que Tel Aviv lanzó una pesquisa sobre el tema pero sin buscar una condena real.
El informe muestra cómo Israel trabajó para encubrir la verdad y proteger a los funcionarios políticos y militares responsables, en lugar de tomar medidas contra las personas que idearon e implementaron la política ilegal de fuego abierto, que provocó la muerte de más de 200 palestinos y más de 14 mil heridos, indicaron.
Las autoridades iniciaron las averiguaciones para evitar caer en el radar del CPI, subrayaron.
B’Tselem y el PCHR recordaron que uno de los principios rectores de la CPI es la complementariedad, lo que significa que hará valer su jurisdicción solo cuando el estado en cuestión no esté “dispuesto o no pueda” llevar a cabo su propia investigación.
Sin embargo, afirmaron que el sondeo israelí no cumplió los requisitos básicos ni examinó las normas ilegales que permiten a los militares abrir fuego indiscriminadamente contra los palestinos.
Además, resaltaron, se centra exclusivamente en los soldados de menor rango y sólo analiza las muertes, no los casos de los miles de heridos.
“El ejército decidió arbitrariamente investigar solo los casos en los que las fuerzas de seguridad habían matado a palestinos, sin dar ninguna explicación por esta decisión”, apuntaron.
B’Tselem y el PCHR subrayaron que el Gobierno y las Fuerzas Armadas engañaron a los jueces sobre lo que sucedía en el terreno y denunciaron que el Tribunal Superior “miró hacia otro lado a sabiendas, para evitar entrar en un debate sobre cuestiones de seguridad relacionadas con los palestinos”.
jf/rob
