La medida, denominada oficialmente Protocolos de Protección al Migrante (MPP), entrará en vigor nuevamente a partir del próximo lunes, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional, que precisó que los migrantes serán devueltos por siete puntos de la frontera sur.
Los lugares donde se aplicará la decisión son: San Diego y Calexico, en California; Nogales, en Arizona; y cuatro sitios en Texas: El Paso, Eagle Pass, Laredo, y Brownsville.
México, por su parte, exigió una serie de condiciones para aceptar la implementación, incluidas garantías de que los solicitantes de asilo tendrán acceso a asesoría legal y sus casos serán procesados en 180 días, declaró un funcionario estadounidense citado por el diario The Washington Post.
El programa Quédate en México fue adoptado en 2019 bajo el mandato del expresidente Donald Trump y obliga a los indocumentados a permanecer del otro lado de la frontera estadounidense mientras esperan los resultados de sus audiencias migratorias.
La administración anterior usó esa norma para devolver a más de 60 mil solicitantes de asilo a través de la frontera a México, donde a menudo fueron atacados por bandas criminales, extorsionadores y secuestradores.
Cuando el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, una de sus primeras órdenes ejecutivas fue revertir ese programa por considerarlo “inhumano”, aunque las deportaciones continuaron amparadas en el Título 42 de la ley de migración.
Luego, el 25 de agosto de este año una corte de Texas llamó a restablecer los MPP y poco después el Tribunal Supremo del país norteño confirmó el fallo, por lo cual el Ejecutivo informó que restauraría la medida.
Actualmente Estados Unidos enfrenta una crisis migratoria sin precedentes, pues estadísticas recientes muestran una llegada récord de indocumentados a la frontera mientras la Casa Blanca recibe críticas por el manejo de la situación.
En octubre pasado, Washington publicó la cifra de detenciones de inmigrantes más alta jamás registrada en el límite territorial: más de 1,7 millones de personas en el último año fiscal.
De ellos, más de un millón fueron expulsados a México o a sus países de origen, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza.
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