En el plenario hubo una primera ronda de votación y el resultado fue de 64 votos a favor y 13 en contra; la segunda, 61 y 10.
Después de la aprobación en la Cámara de Diputados, el contenido sufrió cambios para obtener el apoyo de los senadores, como la vinculación del espacio fiscal abierto a fines sociales y el techo para el pago de la previsión efectiva hasta 2026, y no hasta 2036, como quería el Ejecutivo.
El Gobierno fue urgente en la aprobación del proyecto de ley, la gran apuesta para un bálsamo financiero que se traduce en recursos para la implementación de Auxilio Brasil, un nuevo formato de la Bolsa Familia, con el pago de cuotas de 400 reales (unos 71 dólares).
La medida también permite a la administración federal intercalar los pagos de las deudas dispuestas por la justicia para evitar sobrepasar el límite constitucional de gasto en 2022, año electoral.
En el gigante suramericano tal regla se denomina precatório y resulta un documento que indica la cantidad de capital que el Tesoro Nacional debe a una determinada persona o empresa.
Cuando se emite un precatório, el valor de la deuda debe entrar en el presupuesto del gobierno, para ser pagado en una fecha futura. No solventar los apuros ratificados por la Justicia viola la Constitución, por eso la necesidad de alterar artículos de la ley fundamental de 1988.
Ahora la enmienda regresa a la Cámara Baja para su aprobación definitiva, pues fue modificada en el Senado.
De certificarse el PEC, se exonera al Ejecutivo de sufragar la mitad de los precatórios que vencen el próximo año. Esa parte se pagaría en cuotas durante los venideros 10 calendarios.
Autoridades aseguran que se desea usar ese ahorro en garantizar los fondos para Auxilio Brasil, esquema de transferencia de renta para 17 millones de familias pobres en 2022.
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