La separación comenzó el 31 de enero de 2020, pero tuvo un periodo de transición de 11 meses en el que prácticamente nada cambió en las relaciones entre Londres y Bruselas, y ambos dedicaron ese tiempo a negociar los términos de su futura relación comercial.
Ya casi a las puertas de 2021, y cuando el temido “Brexit duro” era una posibilidad bastante real, los negociadores sacaron de la manga un acuerdo alcanzado “in extremis”, pero que al menos sirvió para apaciguar los nervios en víspera de Navidad.
La nueva relación comercial establece que no se impondrán tarifas ni aranceles al flujo de mercancías, pero trajo consigo una cantidad inesperada de trámites burocráticos.
Los controles aduanales y sanitarios y los formularios que deben completarse en los puntos de entrada y salida se tradujeron de inmediato en grandes atascos en el Eurotúnel y en los ferries que cruzan el canal de La Mancha.
La demora en cruzar la frontera, en algunos casos de varios días, hizo que muchos exportadores británicos de vegetables y mariscos perdieran clientes en la UE, y no pocos de ellos dirigieron sus quejas contra el gobierno y amenazaron con verter su mercancía podrida frente a la residencia del primer ministro Boris Johnson en Downing Street.
El fin de la libre movilidad de las personas provocó el éxodo de miles de trabajadores europeos hacia sus países de origen, sobre todo en el sector de los servicios y la medicina en momentos en que el Reino Unido atravesaba por el peor momento de la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con la Asociación de Transportistas Británicos, ahora faltan 100 mil camioneros y los directivos del gremio afirman que al menos 20 mil de ellos abandonaron el país tras el Brexit.
El déficit de conductores alcanzó el clímax en octubre pasado, cuando los británicos hicieron filas de varias horas en las gasolineras del país para llenar los depósitos de sus automóviles, ante el temor de que se produjera un desabastecimiento general.
La crisis obligó al gobierno a ofrecer visas temporales como incentivo para traer de vuelta a los camioneros extranjeros, y a recurrir al Ejército para abastecer los surtidores de combustible, mientras que las farmacias e incluso los famosos “pubs” (bares) ingleses se resienten de los problemas existentes en la cadena de suministros.
También faltan 15 mil carniceros y miles de trabajadores avícolas, algo que se hace evidente en la falta de carnes en los supermercados en víspera de Navidad.
La ruptura también puso fin al programa de intercambio de estudiantes y al reconocimiento automático de los títulos de médicos, enfermeras y otras profesiones, además de cortar el acceso del Reino Unido a las bases de datos de las agencias policiales de la UE, lo que podría suponer un riesgo para la seguridad nacional británica.
CUOTAS PESQUERAS Y PROTOCOLO NORIRLANDÉS
Si los tropiezos anteriores no fueran suficientes, el actual diferendo con París por las licencias pesqueras y los encontronazos casi a diario con Bruselas por el llamado protocolo para Irlanda del Norte amenazan con desatar una guerra de sanciones económicas y echar por tierra el frágil acuerdo post-Brexit.
El tema de las cuotas pesqueras fue uno de los más espinosos durante los 11 meses de arduas negociaciones, pero al final se acordó que los pescadores europeos pueden operar en aguas británicas siempre que puedan demostrar que anteriormente ejercían allí su actividad.
Los franceses, que acusan a los británicos de negarles todas las licencias que necesitan, amenazaron con cortar el suministro de electricidad a la isla de Jersey, y no hace mucho retuvieron un barco escocés por supuestamente faenar en aguas territoriales galas sin el permiso correspondiente.
La implementación del llamado protocolo norirlandés constituye, sin embargo, el non plus ultra de las difíciles relaciones post-Brexit entre el Reino Unido y la UE.
Bajo el acuerdo, esa provincia británica se mantiene dentro del mercado único y la unión aduanera europeos, con el fin de evitar el establecimiento de una frontera física con la República de Irlanda, por lo que todas las mercancías procedentes de Gran Bretaña tienen que ser sometidas a controles sanitarios antes de entrar a ese territorio.
La medida provoca demoras en el trasiego de las mercancías, mientras que los unionistas norirlandeses consideran que esa nueva disposición la aleja de Londres, y amenazan con hacer caer el gobierno de coalición instaurado tras los acuerdos de paz que pusieron fin al sangriento conflicto armado en esa región en 1998.
El gobierno británico quiere renegociar los términos del protocolo e incluso amenaza con activar el Artículo 16 del Tratado de Retirada que permite a una de las partes abandonar temporalmente los compromisos adquiridos tras el divorcio, pero la UE se mantiene en sus trece de no reabrir la caja de Pandora del Brexit.
arb/nm
(*) Corresponsal de Prensa Latina en el Reino Unido
