En su informe, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman solicitó al Ministerio Público y al Órgano Judicial que las pesquisas sobre los vejámenes cometidos contra estos niños cumplan su cometido y se castigue a los que los perpetraron.
El detonante de esta grave violación a los derechos de niños y niñas, fue la presentación de un informe, a inicios de febrero, por parte de una subcomisión legislativa, que halló casos de agresiones sexuales en contra de varios ellos, algunos con discapacidad.
Leblanc precisó que en 34 por ciento de los 52 albergues inspeccionados, se encontraron anomalías, como falta de fiscalización por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), pocos cuidadores y trabajadores en esas instituciones sin el perfil necesario.
También alertó sobre las condiciones de los albergues que son lugares cerrados, por lo que los infantes son privados de la relación con el mundo exterior, con consecuencias negativas para su desarrollo integral.
El funcionario hizo extensivo su llamado a las organizaciones no gubernamentales y fundaciones que administran las residencias infantiles bajo control estatal para que tengan más mecanismos de control al contratar a trabajadores y capacitarlos sobre la atención a menores en condiciones de vulnerabilidad.
De igual manera, pidió a la Asamblea Nacional(parlamento)que apruebe el proyecto que establece el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, todavía una asignatura pendiente.
En febrero último una subcomisión del legislativo denunció abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos cometidos desde 2015 contra decenas de menores, en al menos 14 albergues.
El escándalo conmocionó al país y provocó continuas protestas para exigir castigo contra los responsables, encargados de proteger a los niños que acogen esas instituciones, los cuales provienen de hogares vulnerables socialmente o en situaciones de pobreza extrema.
La situación también suscitó confusas renuncias de funcionarios públicos, hermetismo gubernamental y varios detenidos, pero aún sin los resultados esperados.
A raíz del incidente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia pidió al gobierno panameño no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia.
mem/ga
