Analistas como el abogado Antonio Saldaña consideran que la operación, justo antes de las fiestas navideñas, fue un acto brutal, deliberado y unilateral que, además, provocó atroces crímenes de lesa humanidad y puso en peligro el canal interoceánico.
Saldaña refirió en el periódico Bayano Digital que los gobiernos de turno, entonces y ahora, mantienen silencio cómplice sobre las verdaderas causas y consecuencias de la acción bélica.
Peor aún, puntualizó, son insuficientes los esfuerzos para indemnizar a centenares de familiares de víctimas, civiles inocentes y militares que enfrentaron la arremetida.
La denominada Causa Justa, cuyos objetivos expuestos eran acabar con la supuesta dictadura y capturar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, lo que en realidad trajo fue la muerte al barrio mártir de El Chorrillo.
Además de las pérdidas humanas, la invasión ocasionó la destrucción de gran parte de la infraestructura de Panamá, dejando a miles de personas sin hogar, obligadas a desplazarse de sus domicilios.
Aunque la capital fue la más golpeada por esa operación bélica, también hubo víctimas en la caribeña provincia de Colón y Río Hato, zonas que fueron bombardeadas e incendiadas indiscriminadamente.
El alto número de hogares y edificaciones destruidas por la invasión da muestras de que las tropas norteamericanas no hicieron el menor esfuerzo por limitarse a blancos militares, y evitar daños a las vidas y bienes de la población civil.
Trinidad Ayola, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de diciembre, consideró que son muchas las deudas pendientes, entre ellas conocer el paradero de miles de desaparecidos.
Igualmente la identificación de los restos de las víctimas mortales, en un proceso de exhumación de cadáveres que no termina.
En declaraciones a Prensa Latina, Ayola estimó que la invasión no tuvo la necesaria condena internacional, pese a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018, que juzgó a Estados Unidos por violar los derechos humanos e instó a su gobierno a indemnizar a las víctimas.
En esta lucha, indicó, hemos tenido avances como lograr en 2016 la conformación de la Comisión 20 de diciembre, que encabeza el catedrático Juan Planells y se dedica de manera exclusiva a las investigaciones de aquellos sucesos.
Es también nuestro propósito que el Ejecutivo respalde la creación de un museo en honor a esas víctimas y que recoja todos los elementos de la invasión y sus consecuencias, agregó.
En abril de este año, la propuesta de una obra de esa magnitud fue tesis de la recién graduada arquitecta Fanny Palacios, quien propuso como sede del museo a El Chorrillo.
Al respecto, el analista Jaime Ford comentó que el país y sobre todo las nuevas generaciones no pueden olvidar ni desconocer lo que pasó el 20 de diciembre de 1989.
La idea del museo es importante, agregó, para que se convierta en lugar de referencia y visita obligada de niños y jóvenes que deben incorporar a su conciencia ese acontecimiento.
También llamó a los docentes de historia a ser valientes y abordar en las aulas la invasión norteamericana con toda su crudeza.
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