Entre los sucesos más trascendentales del año en el país sudamericano, la instalación el 5 de enero de la nueva Asamblea Nacional para el período 2021-2026 constituyó un punto de giro rumbo a la recuperación del rol institucional de ese órgano.
Dominado por la bancada mayoritaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados del Gran Polo Patriótico, el nuevo Parlamento rompió con el estado de desacato en el cual se mantuvo la instancia durante la anterior legislatura.
A lo largo del lustro anterior, desde el seno de un poder legislativo controlado por los sectores más radicales de la oposición se promovieron acciones contra la paz y estabilidad del país, incluida la fracasada intención de instaurar en 2019 un pretendido presidente interino en la figura del entonces diputado Juan Guaidó.
Este acto de usurpación, apoyado por Estados Unidos y sus aliados internacionales, y considerado en Caracas un intento de golpe de Estado continuado, abrió las puertas a la imposición de nuevas medidas coercitivas y el bloqueo de miles de millones de dólares de activos venezolanos en el exterior, efectos que aún persisten.
Ante este escenario, la renovación de la Asamblea Nacional significó la sentencia de muerte de la supuesta validez institucional del “interinato”, al tiempo que dio paso a la consolidación de nuevas iniciativas para el entendimiento en Venezuela.
En tal sentido, uno de los primeros actos del ente parlamentario giró en torno a la instalación de una comisión especial para el diálogo, la paz y la reconciliación nacional, dirigida a promover un amplio proceso de debate y consulta entre todos los sectores políticos, económicos y sociales del país.
Asimismo, el Parlamento venezolano activó los mecanismos establecidos para designar la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual rige los procesos comiciales durante el período 2021-2028.
La renovación del CNE, unida a la derogación de la ley de períodos constitucionales de los poderes públicos, abrieron las puertas a la celebración de comicios para elegir a los 23 gobernadores y 335 alcaldes del país, además de los integrantes de los órganos legislativos regionales y municipales.
DIÁLOGO CON LUCES Y SOMBRAS
A la par de estas acciones, el Gobierno bolivariano y los sectores más radicales de la derecha venezolana emprendieron un proceso de acercamiento que condujo a la instalación en México de una nueva mesa de diálogo, con la mediación del Reino de Noruega.
Delegaciones del Ejecutivo venezolano y la denominada Plataforma Unitaria de la oposición firmaron el 13 de agosto el memorando de entendimiento que regiría las negociaciones, dirigidas a concretar acuerdos en el ámbito de derechos políticos, garantías electorales y cronograma para elecciones observables.
Asimismo, acordaron abordar aspectos relativos al levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales implementadas por Estados Unidos contra la nación sudamericana, la restauración al derecho de activos y la renuncia a la violencia como vía para concretar una agenda política.
Entre los acuerdos parciales alcanzados durante tres rondas de negociaciones, las partes suscribieron un documento sobre la ratificación y defensa de la soberanía sobre la región del Esequibo, la cual resulta objeto de reclamación por Venezuela y Guyana.
De igual forma, las delegaciones del Gobierno y la oposición firmaron un instrumento destinado a promover acciones para la protección social del pueblo venezolano frente al impacto de las sanciones económicas adoptadas por Washington durante los últimos años, como parte de su estrategia para un cambio de régimen.
Al calor del proceso de diálogo en México, los partidos aglutinados en la Plataforma Unitaria anunciaron además el abandono de la ruta abstencionista y la disposición de participar en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.
Sin embargo, el Gobierno venezolano anunció a mediados de octubre la decisión de suspender su participación en las conversaciones, como una señal de protesta ante la extradición a Estados Unidos del diplomático Alex Saab, quien permaneciera más de 490 días detenido de manera ilegal en Cabo Verde.
El Ejecutivo bolivariano acreditó a Saab en 2018 como enviado especial, cuyas funciones consistían en facilitar la obtención de suministros médicos, alimentos y otros bienes, frente a los obstáculos impuestos por el bloqueo de Estados Unidos.
A mediados de 2020 y bajo supuestos cargos de conspiración y lavado de dinero, el funcionario resultó detenido en Cabo Verde, a solicitud de Washington, durante una escala técnica de la aeronave que lo transportaba, y en desconocimiento de la inmunidad correspondiente a su investidura de agente diplomático.
PSUV, PRIMERA FUERZA POLÍTICA
En este orden de acontecimientos, Venezuela llegó a los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre, un proceso marcado por la postulación de un total de 70 mil candidatos de todas las tendencias políticas del país.
Un evento democrático signado además por la asistencia de más de 300 observadores procedentes de 55 países, así como en representación de diversos organismos internacionales, quienes verificaron la transparencia del sistema de votación.
En una participación superior al 42 por ciento del padrón electoral, más de ocho millones de venezolanos acudieron a las urnas, en las cuales el Partido Socialista Unido de Venezuela -junto a sus aliados del Gran Polo Patriótico- resultó ratificado como la principal fuerza política del país.
El PSUV logró la victoria en 19 de 23 gobernaciones disputadas, así como en más de 60 por ciento de las alcaldías, incluido el enclave estratégico de Caracas, en un resultado que vino a favorecer la estrategia de recuperación económica y gobernabilidad del Ejecutivo bolivariano, además del reconocimiento del Estado frente a sus adversarios.
Desde la oposición, la falta de liderazgos y ausencia de acuerdos a la hora de concretar alianzas y unificar candidaturas atentaron contra sus aspiraciones de ocupar los espacios de poder, sobre todo al nivel estadual.
Sin embargo, el retorno de varios partidos de derecha a la ruta electoral, en detrimento de la opción abstencionista, consolidó el escenario democrático e institucional del país sudamericano, un resultado directo de los esfuerzos por el diálogo y la reconciliación nacional.
“Si estamos aquí de pie, si estamos hoy victoriosos, es porque hemos creado consciencia en ese pueblo, en ese poder popular, del cual no hay que separarse nunca, es nuestra alma, es nuestra guía”, expresó el mandatario Nicolás Maduro al celebrar el triunfo de las fuerzas políticas afines a la Revolución bolivariana.
En un mensaje a la nación al término del evento democrático, el jefe de Estado y presidente del PSUV llamó a las autoridades electas en los comicios regionales y municipales a trabajar por el bienestar del pueblo por encima de cualquier diferencia política.
Al ratificar su compromiso con el diálogo, Maduro tendió la mano a los representantes de la oposición favorecidos por la voluntad popular, para aunar esfuerzos junto al Ejecutivo nacional en función del crecimiento socioeconómico de sus respectivos estados y municipios.
“Vamos a poner el acento de manera prioritaria en un diálogo político para la acción con todos los gobernadores y los alcaldes electos por igual”, ratificó el dignatario.
De los comicios del 21 de noviembre quedó pendiente la elección del gobernador del estado de Barinas, la cual deberá repetirse el 9 de enero próximo por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, al registrarse irregularidades en el proceso.
arb/wup
(*) Corresponsal jefe de Prensa Latina en Venezuela
