En su fallo, el juez Gerald Bloem estableció que, a pesar del conjunto de pruebas periciales sobre la amenaza de daño a la vida marina, Shell no proporcionó ninguna evidencia para neutralizar las declaraciones hechas por los demandantes.
A fines de noviembre, un grupo de presión, integrado entre otros por pescadores de las comunidades costeras de Amadiba, Cwebe, Hobeni, Port Saint Johns y Kei Mouth presentaron una solicitud de interdicto urgente contra la exploración de Shell por motivos ambientales y ecológicos.
Bloem afirmó que los datos presentados por ellos establecen que «existe una amenaza real de que la vida marina resulte dañada irreparablemente por el estudio sísmico».
El juez también encontró que los intentos de Shell de notificar a las comunidades locales sobre su exploración fueron inadecuados.
En todas las circunstancias, me parece que el derecho de exploración, que fue otorgado sobre la base de un proceso de consulta sustancialmente defectuoso, es por lo tanto ilegal e inválido, enfatizó el letrado.
En consecuencia, el tribunal ordenó además a Shell y al ministro de Recursos Minerales y Energía, Gwede Mantashe, que pagaran las costas legales de los demandantes.
Shell inició recientemente un estudio sísmico de prospección sobre unos seis mil kilómetros cuadrados en la costa meridional de Sudáfrica, entre Morgans Bay y Port St Johns, que implica el uso de pistolas neumáticas para general ondas sísmicas.
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