El texto fue analizado en una reunión extraordinaria de la Comisión de Leyes del Parlamento el pasado 29 de diciembre y provocó una acalorada discusión, pues varios partidos de la cámara consideraron que atenta contra derechos básicos y establece un clima de control generalizado.
Con esta nueva ley el Ejecutivo quiere presionar aún más a los casi cinco millones de franceses mayores de 12 años que aún no están vacunados, al impedir su acceso a las actividades de ocio, restaurantes y bares, ferias o transporte público interregional.
Además, se endurecerán las sanciones por falsificar un pase vacunal con cinco años de prisión y multa de 75 mil euros, y por hacer uso fraudulento de un certificado de otra personas con mil euros de castigo.
Para ello se facultará a los responsables de los establecimientos abiertos al público que comprueben ellos mismos las identidades de los clientes.
A pesar de las reservas expresadas por algunos grupos parlamentarios, el gobierno cuenta con una mayoría que le permitirá superar el trámite y presentar la iniciativa ante el Senado el miércoles, con el objetivo que entre en vigor el 15 de enero.
El pase sanitario no será necesario en el centro laboral, pero el gobierno propondrá multas administrativas para las empresas que no acaten la necesidad del teletrabajo.
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