Han esperado más de 40 años para contar la violencia que exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) cometieron contra ellas ente 1981 y 1985 tras un largo camino para que creyeran en sus testimonios.
El debate oral y público en el Tribunal de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Yassmin Barrios, estaba previsto para ayer, pero se suspendió finalmente porque la defensa de los acusados no se presentó.
Para los miembros de la Asociación Bufete Jurídico de Rabinal, acompañante del caso, la apertura del juicio da una esperanza a la lucha de estas mujeres de Baja Verapaz, y de otras compañeras víctimas de los crímenes cometidos en el pasado, la única forma de sanar las heridas y construir esa paz tan necesaria.
La víspera, una ceremonia maya en las afueras del Tribunal sirvió para recordar el tortuoso camino recorrido y el inicio de esta etapa con la frente en alto hasta alcanzar justicia.
Por tratarse de los mismos delitos y existir prueba común en contra de cinco expatrulleros hoy en el banquillo, se unificaron las acusaciones presentadas por el Ministerio Público (MP).
Los implicados son Benvenuto y Bernardo Ruiz, así como Damián, Gabriel y Francisco Cuxum, en tanto otros tres ex PAC siguen libres porque la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto el recurso de casación relacionado con la decisión de la jueza Claudette Domínguez de dejarlos en libertad en junio de 2019.
Durante el debate serán reproducidos los testimonios de varias víctimas que declararon en anticipo de prueba, además de la participación de testigos directos de los hechos.
Asimismo, comparecerán varios peritos para abordar temas como la política contrainsurgente implementada por el Ejército a inicios de la década de los 80, la organización de las PAC, la utilización de la violencia sexual como arma de guerra en contra de las mujeres y el derecho internacional aplicable a los delitos cometidos en contextos de conflicto armado.
En 2011, Paulina Ixpatá y otras 35 mujeres sobrevivientes de violencia sexual decidieron romper el silencio y con el apoyo de la Asociación Bufete Jurídico de Rabinal denunciaron ante el MP los crímenes que sufrieron en los años 80.
Ahora no pierde las esperanzas y su mayor deseo es que “con la lucha, junto a otras mujeres, logremos que se haga justicia y que nada quede en el silencio”, afirmó.
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