Explicó que en las acciones fueron usados criminales, grupos terroristas de choque y, de manera competente, métodos de desinformación, reportó la agencia de noticias RIA Novosti.
Karin desestimó que lo sucedido en el país fuera un intento de revolución de color. En su opinión, tal escenario sería ineficaz en el país porque las circunstancias son diferentes y la posición de las autoridades es bastante estable.
“Una serie de momentos, variantes de las revoluciones de color, no se ajustan a lo sucedido”, dijo.
El Comité de Seguridad Nacional destacó este lunes que la situación en Kazajastán se estabilizó y está bajo control.
“Desde la posición de las sedes operativas republicanas y regionales para la lucha contra el terrorismo, los focos de amenazas terroristas han sido neutralizados”, señaló el comunicado.
Todas las instalaciones administrativas tomadas por terroristas en las ciudades de Almaty, Kyzylordá, Taldykorgán y Taraz fueron liberadas, indicó el texto.
Apuntó que está garantizada la seguridad de las instalaciones importantes y estratégicas y de los lugares donde se almacenan armas y municiones.
Por su parte, el Ministerio del Interior informó que hasta este lunes fueron detenidas en Kazajastán siete mil 939 personas vinculadas con los disturbios de los últimos días, reportó la agencia de noticias Kazinform.
Las protestas en Kazajastán comenzaron el 2 de enero en las ciudades de Zhanaozen y Aktau, de la región de Manguistau (suroeste del país), donde los residentes se manifestaron contra los altos precios del combustible.
El 5 de enero, el presidente Kasym-Zhomart Tokáyev aceptó la renuncia del Gobierno, criticado por el mandatario de la liberación de los precios del combustible y por tanto de los orígenes de las manifestaciones.
Ese día y el 6 de enero se intensificaron los disturbios, con saqueos y ataques a instituciones estatales. El jefe de Estado ordenó al Gobierno la regulación estatal temporal de los precios del gas licuado, la gasolina y el gasóleo durante un periodo de 180 días naturales.
El pasado jueves, el Ejecutivo introdujo por seis meses un límite para los precios del gas licuado y la gasolina, así como una moratoria al crecimiento de las tarifas de los servicios públicos.
A pesar de las medidas, las acciones continuaron con el uso de armas de fuego y el recrudecimiento de los enfrentamientos contra los agentes del orden.
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