El Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero del 2021 está tratando de asegurar la rendición de cuentas de los responsables, sin embargo, hay un camino mucho mejor para lograr ese objetivo, explicó.
En un artículo publicado en The Hill, el politólogo explicó que el Departamento de Justicia debería presentar una demanda civil contra Donald Trump y otros oficiales que promovieron y participaron en esa jornada de violencia.
El proceso, agregó, les permitirá recuperar los millones de dólares que el gobierno federal gastó para reparar el complejo de los daños causados por la turba de seguidores del empresario, y pagar la seguridad adicional necesaria con vistas a evitar que se repita un evento similar.
Los investigadores han recopilado una enorme cantidad de información sobre las causas del colapso de la seguridad y lo que el Congreso debe hacer para prevenir futuros ataques.
“Si el comité determina que hay que modificar la ley electoral para que no se cuestione el papel limitado del vicepresidente en la determinación del resultado de unas presidenciales, no hay nada que los testigos que no cooperan puedan decir que cambie el resultado de las conclusiones”, comentó.
La comisión quiere escuchar a esos declarantes para obtener más pruebas para el informe responsabiliza al magnate neoyorquino y a sus partidarios en el Congreso por los disturbios mortales de principios del 2020, en el que murieron cinco personas, incluido un oficial de seguridad del complejo.
No obstante, según Morrison, el panel podría no tener éxito ante la justicia porque la «rendición de cuentas» no es un propósito legislativo adecuado.
Así dejó claro recientemente el Tribunal Supremo al rechazar los esfuerzos de la Cámara de Representantes por obtener las declaraciones de impuestos del expresidente (2017-2021). El problema primordial para la comisión, comentó el experto, es que su función constitucional es legislar, no intentar que los infractores rindan cuentas.
Por mucho que me gustaría ver a Trump entre rejas, el fiscal general debería rechazar cualquier intento de acusarlo penalmente, porque es probable que ello lo convierta en un mártir en lugar de viabilizar una condena, dijo.
En su lugar, el Departamento de Justicia debería iniciar una acción civil contra el magante, para unir fuerzas con las numerosas demandas privadas que existen contra Trump, incluida la del fiscal general de Washington D.C., que presentó en nombre de la ciudad.
A continuación, debería presentar pruebas, donde tendría los recursos para reunir toda la información pertinente y se encontraría con pocas objeciones legítimas por parte de los testigos sobre los acontecimientos del 6 de enero.
Ese día, una multitud de seguidores del empresario asaltaron la sede del Congreso para revertir la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre del 2020, tras los insistentes y falsos reclamos de fraude electoral de Trump, acusación que todavía mantiene.
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