Fue el demócrata John F. Kennedy, el número 35 en la Casa Blanca, quien lo oficializó el 3 de febrero de 1962, mientras el 45, el republicano Donald Trump, lo recrudeció durante su mandato (2017-2021) con 243 medidas coercitivas vigentes 12 meses después de la entrada de Joe Biden a la mansión ejecutiva.
Esas medidas de Trump ilustran el nivel de agresividad al que escaló el bloqueo, afirmó Ismara Vargas, directora de Asuntos Legales y Análisis de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería, en entrevista concedida a Prensa Latina.
Las acciones, que experimentaron un impacto redoblado en el actual contexto de crisis sanitaria derivado de la Covid-19, golpearon “cada sector de la economía y la sociedad, y en particular, la vida cotidiana de todos los cubanos”, subrayó.
Hasta ahora 11 administraciones mantuvieron, e incluso agudizaron, ese asedio unilateral que Washington se empeña en llamar «embargo» y limitar a una cuestión bilateral.
MEDIDAS EN LA PRÁCTICA
La inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo provocó notables afectaciones en el ámbito bancario-financiero, al incrementar el riesgo país y generar temor entre instituciones internacionales del sector, explicó Vargas al argumentar sobre el impacto práctico de las 243 medidas.
Desde enero de 2021 -añadió-, decenas de bancos decidieron cortar las relaciones con Cuba, lo que impacta en las posibilidades de realizar pagos, depósitos y otras transacciones.
También se obstaculizaron las operaciones bancarias necesarias para el funcionamiento de nuestras misiones diplomáticas en el exterior, señaló.
Además, en los últimos cinco años, el Gobierno de Estados Unidos impuso amplias restricciones en el sector de los viajes y las remesas, que repercuten en la economía familiar, comentó la funcionaria.
La prohibición de viajes de cruceros, la cancelación de vuelos regulares y chárteres a todo el país excepto La Habana, así como la prohibición al envío de remesas por vías formales y la reducción de sus montos -agregó-, constituyen solo algunos ejemplos.
Se trata de acciones que impactan negativamente en las posibilidades de crecimiento del sector no estatal, en tanto suponen la eliminación de importantes fuentes de ingresos, argumentó.
A su vez, los cambios regulatorios emitidos por los Departamentos del Comercio y del Tesoro dieron lugar a nuevos instrumentos coercitivos.
Uno de ellos fue la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, que incluye a 231 empresas tras ocho actualizaciones, advirtió Vargas.
En ese sentido, las afectaciones para la actividad del sistema empresarial y las operaciones comerciales del país son considerables, “debido a que contrapartes extranjeras han interpretado que no pueden relacionarse con Cuba o seguir operando con entidades sujetas a medidas coercitivas”, enfatizó.
VUELTA A LA ROSCA
Al detallar parte de las más de 240 medidas adoptadas por Trump, la directora de Asuntos Legales y Análisis de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a la estrategia para impedir el suministro de combustible a la isla.
“La inclusión de 53 buques y 27 empresas en una lista negra del Departamento del Tesoro, se tradujo en dificultades para la adquisición de este recurso esencial en el funcionamiento del país”, apuntó la diplomática.
Expresó igualmente que “la posibilidad de tomar acción en tribunales de Estados Unidos al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, dañó las perspectivas de atracción de inversión extranjera pues resulta un desincentivo que se suma a las trabas ya existentes por el marco regulatorio del bloqueo”.
Es una medida -acotó- que busca obstaculizar uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país, mediante las presiones a inversores, posibles socios y otras contrapartes.
La funcionaria recalcó que el recrudecimiento del bloqueo durante la pandemia de Covid-19 resulta particularmente cruel.
Explicó que para Cuba está prohibido adquirir productos en cualquier parte del mundo que contengan más de un 10 por ciento de componentes estadounidenses.
Tal disposición dificulta y en muchos casos impide, la adquisición de materias primas, equipamiento médico y otros insumos imprescindibles para salvar vidas.
Denunció que “el bloqueo obstaculiza el acceso a los medicamentos más básicos e incluso a las materias primas necesarias para el escalado productivo de nuestras vacunas”.
Como parte de la frenética persecución a toda operación financiera relacionada con Cuba, se han llegado a bloquear donaciones de grupos de solidaridad destinadas al enfrentamiento a la pandemia en la isla, concluyó.
SIN OLVIDAR LA HISTORIA
A inicios de 1962, los abogados de la Casa Blanca desempolvaron viejos papeles para dar un viso legal a uno de los actos más criminales de la historia de ese país, oficializado el 3 de febrero con la firma de la Orden Ejecutiva 3447 por el entonces presidente de Estados Unidos John F. Kennedy.
El bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba se diseñó a partir de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, una ordenanza federal promulgada para restringir las transacciones con países que a juicio de Estados Unidos les eran hostiles.
El 6 de abril de 1960, Lester D. Mallory, vicesecretario de Estado durante la administración del republicano Dwight D. Eisenhower (1953-1961), escribió un memorándum secreto que aconsejaba cómo tratar de estrangular a Cuba.
La cuestión -señaló- era privar a la isla “de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”, una línea que 60 años después se mantiene inalterable.
El 31 de mayo de 1964, el Gobierno de Estados Unidos encabezado por el demócrata Lyndon B. Johnson, extendió el bloqueo a la prohibición total de exportación de medicinas y alimentos.
Para algunos analistas, la oficialización que dio Kennedy a ese cerco unilateral formó parte de un complejo entramado de acciones de guerra económica de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) conocida como Operación Mangosta, que buscaba un ajuste de cuentas por la derrota sufrida en abril de 1961 en las arenas de Playa Girón, en el centro sur de Cuba.
Décadas más tarde, Estados Unidos endureció el bloqueo con la llamada Ley Torricelli, decretada en 1992 por el republicano George H. W. Bush, con lo cual dieron una estocada al comercio de medicinas y alimentos cubanos con las subsidiarias de compañías estadounidenses con base en terceras naciones.
Otro demócrata, William Clinton, firmó el 12 de marzo de 1996 la Ley Pública No. 104-114, “Ley para la libertad y la solidaridad democráticas cubanas (Ley Libertad)”, conocida como Helms-Burton, que codificó el bloqueo y fortaleció su alcance extraterritorial.
¿LA OPORTUNIDAD DE BIDEN?
Esa es la funesta herencia que recibe el demócrata Joe Biden, quien podría acabar con el bloqueo, no solo el más largo sino también el más repudiado de la historia.
Desde 1992, la Asamblea General de la ONU vota de manera consecutiva por el levantamiento de una política fracasada, juicio del exmandatario Barack Obama (2009-2017).
Si en aquella primera votación solo se obtuvieron 59 votos a favor de la condena, tres en contra y 71 abstenciones, el pasado año, casi tres décadas después, la comunidad internacional rechazó de forma casi unánime el bloqueo.
El 23 de junio de 2021, la nación caribeña obtuvo una innegable victoria cuando 184 países (de 193) votaron a favor de la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
En ese ejercicio solo hubo dos en contra, Estados Unidos y su incondicional aliado Israel, y tres abstenciones (Colombia, Ucrania y Brasil).
Esta política de agresión económica -que califica como la mayor violación de los derechos humanos en Cuba-, junto a los intentos de promover la subversión interna, se integran al persistente objetivo de buscar el llamado cambio de régimen en la isla caribeña.
arb/lb/dfm
*Periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina
