Este martes, los integrantes de la Postuladora vuelven a reunirse en la Sala de Vistas del Organismo Judicial para definir el formulario de solicitud y la guía a seguir en la elaboración del currículum vitae, de acuerdo con el cronograma aprobado en su primer encuentro, el 31 de enero.
También deben decidir el formato del anuncio oficial, el cual se publicará en el Diario de Centroamérica el jueves venidero y, un día después, los candidatos podrán enviar su papelería.
Las reuniones de los comisionados son públicas y están bajo el escrutinio de diversas organizaciones civiles para garantizar que el perfil de los seleccionados se ajuste a los mejores méritos académicos (30 puntos), profesionales (65) y proyección humana (cinco).
El jueves último, hubo consenso en que se podrán postular abogados constitucionalistas y penalistas y con docencia universitaria de por lo menos cinco años, aunque sin vínculos con el crimen organizado como parte de su labor ni aparecer en litigios e investigaciones que se conocieron en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o de Naciones Unidas.
Ante la confirmación por parte de la presidenta de la Postuladora, Silvia Valdés, de la renuncia del decano de la Universidad Da Vinci (por supuestas presiones), se espera la incorporación de su sustituto para llegar al número inicial de 15 miembros.
A partir del 22 de febrero y hasta el 25 arrancará la revisión de expedientes y está previsto que el 18 de abril entreguen la nómina de seis candidatos al presidente Alejandro Giammattei, quien decidirá al sustituto de la actual Fiscal General Consuelo Porras para el periodo 2022-2026.
El puesto, advirtieron analistas, es decisivo en la maquinaria anticorrupción y de justicia en un país donde prevalece la cooptación del sistema, de ahí los llamados a la ciudadanía a estar atentos y denunciar cualquier intento de presión o manipulación por parte del Ejecutivo y otras maquinarias económicas y políticas de poder.
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