De la cifra total, medio millar están encerrados bajo la política de detención administrativa, precisó el informe elaborado por la Comisión de Prisioneros y Exprisioneros, la Sociedad Palestina de Prisioneros, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Prisioneros Addameer y el Centro de Información de Wadi Hilweh.
Criticada por la ONU y grupos de derechos humanos, la llamada detención administrativa es utilizada por Israel para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar entre tres y seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
El texto destaca que en enero las fuerzas de seguridad de Tel Aviv arrestaron a 504 palestinos, entre ellos 54 menores y seis mujeres.
Desde septiembre de 2021 aumentó la tensión en esos centros penitenciarios, tras la fuga de seis palestinos de la norteña prisión de máxima seguridad de Gilboa.
Aunque fueron atrapados tras una masiva cacería, los funcionarios de Tel Aviv aplicaron numerosas medidas punitivas contra el resto de los detenidos, lo cual provocó enfrentamientos y huelgas en varias instalaciones.
“Hay una explosión en las cárceles por el repudio de las autoridades de ocupación a los acuerdos que hicieron con los líderes de los presos”, afirmó hace unos días el presidente palestino, Mahmoud Abbas.
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