La comisión Pro referendo reiteró su oposición a que próximos gobiernos, sean del color que sean, impongan legislaciones ómnibus de cientos y hasta miles de artículos aprobados sin el debate necesario.
Así desmintió una versión oficialista de que los partidarios del Sí en la cita a las urnas del 27 de marzo quieren impedirle a la coalición de derecha en el poder que cumpla con sus responsabilidades, ya que goza de otros 341 artículos de su LUC original.
A su vez, el secretario general del Partido Comunista de Uruguay (PCU), Juan Castillo, rebatió que el referendo revocatorio sea una elección a medio tiempo, como alegaron con insistencia portavoces del voto negativo.
Sostuvo que más allá de tener 800 mil firmantes para habilitar el referendo, muchos se sumaron por su concepción democrática en favor de este mecanismo, para expresarse sobre una ley ómnibus impuesta sin debate social previo.
El senador del Frente Amplio (FA), Charles Carrera, afirmó que la Ley de Urgente Consideración (LUC) paralizó al Parlamento porque el gobierno rehúye debates hasta después del referendo revocatorio de 135 artículos.
Fuentes del FA advirtieron que de triunfar el no, que dejaría intacta la LUC, estaría más despejado el camino para la coalición gobernante de derecha y parece más sabio esperar a ese momento que despilfarrar energías ahora.
Varias impopulares propuestas permanecen aplazadas ya que tocan a la enseñanza, derechos sindicales, acceso a la vivienda y la excarcelación de culpables de delitos de lesa humanidad durante los años 1973-1985 de terrorismo de Estado dictatorial.
Sobre este último sensible tema, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos por la dictadura en Uruguay reafirmó preocupación ante señales gubernamentales de favorecer a dichos sentenciados.
Su más reciente motivo de alarma fue la bienvenida del presidente de la nación, Luis Lacalle Pou, a una delegación que promueve trasladar de cárceles a reclusión domiciliaria a culpables de asesinatos y torturas.
En la semana el Frente Amplio de Uruguay amplió ante la Fiscalía una denuncia contra el gobierno por la entrega del puerto de Montevideo a la multinacional Kaoten Natie mediante concesión del monopolio de la terminal de contenedores durante 50 años.
Mientras el exsubsecretario de Economía de Uruguay Pablo Ferreri cuestionó la reducción del déficit fiscal en un 4,1 por ciento del Producto Interno Bruto, que calificó de “mala calidad” porque fue basada en recortes de salarios, jubilaciones e inversiones en infraestructuras.
Por su parte, la central sindical uruguaya Pit-Cnt constató subempleo y menos uruguayos que salieron al mercado de empleo seguramente por falta de perspectiva de encontrarlo, lo que se describe como “trabajadores desalentados».
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