El más reciente episodio ocurrió el día 10, cuando se produjo la detención de la abogada Leysi Santizo, exintegrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), cuyo desmantelamiento en 2019 por supuesta intromisión en los asuntos internos fue uno de los logros presentados ante la opinión pública por el anterior Gobierno de Jimmy Morales.
Mediante comunicados y publicaciones en redes sociales, los diferentes actores en Guatemala llamaron la atención sobre lo que consideran un patrón de intimidación proveniente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Ministerio Público (MP), justo en pleno proceso de elección del futuro jefe de esa entidad, clave en la persecución penal.
«Las denuncias, capturas y pérdidas de inmunidad de abogados, fiscales y jueces que cooperaron en la lucha contra la corrupción generan preocupación a la comunidad internacional», señalaron.
Santizo declaró a la prensa a su llegada a la Torre de Tribunales que desconocía el motivo de su aprehensión por un caso «bajo reserva».
También fue arrestada ese mismo día la abogada Eva Sosa, exfiscal de la Cicig, quien consideró la acción del MP como represalia por su labor al frente de esa institución, como parte de la cual lideró entre 2014 y 2019 una histórica lucha contra la corrupción de conjunto con la entonces fiscal general Thelma Aldana, hoy exiliada en Estados Unidos.
La víspera, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó preocupación por la detención de al menos dos colaboradores del antiguo ente, que operó según el mandato establecido con el Gobierno guatemalteco.
Asimismo, recordó se debe «cumplir con los requisitos de un juicio justo y del debido proceso».
Por su parte, la UE llamó la atención sobre el continuo deterioro del estado de derecho en Guatemala ante las acciones de la CSJ y la actual fiscal general Consuelo Porras en contra de jueces, abogados y fiscales independientes, que resultan en arrestos y pérdida de inmunidad.
En el plano interno, el procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas también se sumó a las voces de alerta ante lo que calificó como persecución espuria contra jueces, magistrados y fiscales comprometidos en la edificación del Estado Constitucional de Derecho. También la pasada semana, la CSJ retiró la inmunidad al juez indígena Pablo Xitumul, otra de las figuras bajo asedio desde mucho antes junto a la jueza de Alto Riesgo Éricka Aifán.
Este año nuevamente arreciaron las acciones en su contra, sobre todo, después de que anunció la posibilidad de postularse al cargo de fiscal general.
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