La iniciativa legislativa tiene como propósito la promoción de políticas de cuidado a la Madre Tierra y el autorizo de beneficios fiscales para la importación y compra de cualquier medio de transporte con el empleo de esa tecnología y de carácter privado o público.
La disposición del parlamento convierte a Nicaragua en el primer país de Centroamérica en incluir dentro de sus normas jurídicas ese tipo de programas amigables con el medio ambiente y reunió en su análisis a diputados, funcionarios ministeriales y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica.
Tras la publicación de esa reforma en la Gaceta Diario Oficial, los ciudadanos podrán adquirir vehículos, autobuses, motocicletas, bicicletas u otros medios similares que empleen electricidad en su funcionamiento y el país incorporará normativas y reglamentos para su regulación.
Los representantes de los diferentes partidos políticos consideraron necesaria la disposición, en respuesta al derecho de los nicaragüenses de habitar en un ambiente saludable y advirtieron la incidencia de la medida en la protección de la sociedad desde el impulso de patrones responsables de desarrollo.
La incorporación del concepto de movilidad eléctrica en la legislación del país centroamericano, establece el cumplimiento con los compromisos contraídos en foros y convenciones internacionales vinculados al cambio climático y la disminución de combustibles fósiles.
Sumado a ello, los vehículos eléctricos estarán exentos de las órdenes referidas a dispositivos de control de emisiones de gases, humo y ruidos contenidos en la Ley para el régimen de circulación vehicular y la reforma contempla, además, la creación de centros de carga de esos medios.
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