La presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, elogió la sentencia del ente judicial, emitida en esta jornada, que avala el criterio de condicionalidad interpuesto por la UE para su autorización.
Von der Leyen afirmó que tal decisión permitirá proteger los intereses comunes frente a «rupturas del Estado de Derecho” y prometió claridad sobre la aplicación práctica de ese instrumento, impugnado por Budapest y Varsovia.
La jefa de la Comisión Europea (CE) aseguró que adoptará en las próximas semanas directrices que aporten mayor claridad sobre cómo se implementará esa normativa en la práctica y analizará las sentencias y su posible impacto.
El mecanismo permite «proteger mejor el presupuesto de la UE y los intereses financieros comunitarios frente a las infracciones de los principios fundacionales”, afirmó.
Para la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la sentencia prueba que el Estado de Derecho no es negociable y, en cambio, es “la base sobre la que se construyen nuestros Tratados”.
Ante esa situación los gobiernos de Hungría y de Polonia consideraron el dictamen como un paso más en los excesos y la presión desde el mecanismo integracionista.
El ejecutivo de Budapest, encabezado por el primer ministro, Viktor Orban, manifestó que Bruselas “abusa de su poder» y vinculó la sentencia con el referéndum que tendrá lugar en su país en abril.
En dicha consulta los ciudadanos húngaros definirán la continuidad en el poder de Orban y decidirán sobre la Ley de Protección de la Infancia, una reforma que “vincula homofobia y pederastia, y limita el contenido sobre ideología de género en la educación”, según la UE. Durante un discurso el fin de semana Orbán anticipó la sentencia del TJUE y acusó a las instituciones europeas de «luchar una guerra santa”.
En tanto el portavoz del Ejecutivo polaco, Piotr Mueller, dijo que para su gobierno el dictamen reafirma la «peligrosa tendencia» del TJUE y del resto de instituciones comunitarias a extralimitarse en consideraciones al margen de los Tratados.
Por su parte el viceministro de Justicia de ese país, Sebastian Kaleta, calificó en redes sociales de «chantaje financiero» el fallo y agregó que a partir de hoy, cualquier decisión independiente de su país estará condicionada por el riesgo de un chantaje financiero.
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