El primer presidente del Tribunal, Pierre Moscovici, presentó ante la prensa el informe anual, enteramente dedicado a la gestión de la crisis sanitaria, señalando que la movilización de recursos públicos “sin precedentes” para luchar contra la epidemia y apoyar la economía, “tendrá un impacto duradero en los déficits y la deuda pública”.
Por tanto, la recuperación de las finanzas públicas «requerirá inevitablemente un esfuerzo sin precedentes para controlar nuestro gasto», insistió, recordando que Francia se encuentra “entre los países de la zona euro cuya situación de las finanzas públicas está más deteriorada dos años después del inicio de la pandemia de Covid-19”.
El informe subrayó que “a pesar de una robusta recuperación económica”, con un alza del siete por ciento el año pasado y una previsión del cuatro por ciento para el actual, “el déficit público sigue siendo muy elevado en 2021 (7,0 por ciento del PIB) y en 2022 (5,0 del PIB)”, al tiempo que la deuda pública aumentará en 560 mil millones de euros entre finales de 2019 y finales de 2022” (113 por ciento del PIB).
Al tiempo consideró que si bien el gobierno tiene previsto situar el déficit público por debajo del tres por ciento en 2027, el esfuerzo inicial no comenzará hasta 2023, mientras proyecta “importantes” rebajas fiscales para 2022 y el aumento del 1,1 por ciento del gasto público, sin contar las medidas de estímulo y apoyo vinculadas a la crisis.
En esa línea el Tribunal consideró que habrá que encontrar “cerca de nueve mil millones de euros de ahorro adicional cada año”, ya que a partir de 2023 debería producirse una «vuelta a la normalidad» en el crecimiento, dijo Moscovici.
Por todo ello, juzgó “incierta” la trayectoria prevista por el gobierno para restablecer las finanzas públicas, objetivo para el cual se requerirán una serie de reformas estructurales, principalmente en el sistema de pensiones, el seguro médico, la política de empleo, las prestaciones sociales mínimas y la política de vivienda.
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