Los arrestados se habían sentado en la vía de acceso en el sector capitalino de Santurce para impedir la entrada de vehículos, mientras otros manifestantes cerraban el paso a empleados o a público que acudía al centro de servicios.
El comandante de la Policía en San Juan, teniente coronel Orlando Rivera, explicó en entrevistas radiofónicas que los detenidos fueron llevados “a uno de los cuarteles de la capital, donde se hará la consulta con el fiscal de turno para ver si determina presentar cargos criminales en su contra”.
El oficial policial recordó que el artículo 247 del Código Penal establece que “toda aquella persona que interrumpa la entrada a un edificio donde se brindan servicios gubernamentales, comete un delito menos grave”.
Los empleados públicos del sindicato ProSol-Utier en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) decidieron parar las labores para exigir justicia salarial e iniciar el proceso de negociación colectiva detenido desde 2014 por la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.
“Cerramos el edificio. Nos unimos al llamado de cientos de servidores públicos que exigen justicia salarial, mejores condiciones de trabajo y un retiro digno”, explicó Ángel Pinto-Rivera, presidente del capítulo de la ACT de ProSol-Utier.
Explicó que en diciembre pasado en la ACT hubo un aumento salarial de mil 200 dólares mensuales para los ingenieros de proyectos, pero no apareció dinero para los demás trabajadores.
El sindicalista justificó el reclamo de justicia amparado en que los trabajadores sindicados realizan las tareas que fundamentan el salario del ingeniero de proyecto, además del alza en el costo de vida y haber estado más de una década sin ajuste de salario.
“Mientras en la ACT existen puestos que pagan el salario mínimo, los empleados de contratos federales comenzaron a cobrar en enero 15 dólares la hora, por lo que entendemos que merecemos igual trato”, afirmó Pinto-Rivera.
El dirigente de ProSol-Utier añadió que la ACT impulsó desde 2018 una serie de retiros tempranos que provocó menos empleados, mayor trabajo y el derroche de fondos públicos mediante la privatización de tareas.
“La Autoridad de Carreteras tiene los fondos para hacer justicia, lo que ocurre es que las prioridades están invertidas: el dinero está utilizándose para favorecer a los privatizadores y a la alta gerencia”, denunció.
Estos reclamos generalizados se producen como antesala a una gigantesca protesta que se realizará mañana viernes de sindicatos vinculados al sector público y privado.
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