La demanda responde al artículo seis del tratado bilateral de extradición entre Estados Unidos y la nación centroamericana y refiere que si el requerido, en este caso el exmandatario, mantiene procesos en el territorio de origen deberá esclarecer primero su situación legal.
De acuerdo con datos oficiales, en Honduras la mayoría de los acusados y solicitados por Washington cumplieron juicios y condenas en la nación norteña e, incluso, los expertos califican como indetenible la entrega del exgobernante a la justicia estadounidense.
Sobre Hernández pesan, entre otros cargos, conspiración para importar una sustancia controlada y el uso o porte de armas de fuego como ametralladoras y dispositivos destructivos; asimismo le imputan la introducción de 500 toneladas de cocaína en el mercado norteamericano.
Las pruebas emitidas por la embajada de Washington en Tegucigalpa sitúan los delitos en el periodo de su presidencia del Congreso Nacional (2010-2014) y luego como máxima figura del ejecutivo del 2014 hasta el 27 de enero último cuando asumió Xiomara Castro.
Tras el pedido de extradición, las autoridades hondureñas cumplieron con su captura el martes 15 y, un día después, el expresidente compareció en una audiencia ante el magistrado Ortez quien otorgó un mes a los abogados para la exposición de los argumentos de defensa.
car/dgh
