Pese a constantes llamados de organizaciones humanitarias, de los derechos humanos, e incluso, desde las propias instituciones del bloque integracionista, el tema es hoy una asignatura pendiente para el ente comunitario, según analistas.
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, instó en septiembre pasado a adoptar “de una vez por todas” el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, para “evitar futuros incidentes en las fronteras externas”.
Por ese entonces miles de indocumentados se reunieron en la zona limítrofe entre Belarús y Polonia, para intentar cruzar hacia territorio de la UE.
Esos hechos centraron la atención informativa al poner en peligro la estabilidad regional mientras Occidente responsabilizó a Belarús y amenazó a su presidente, Alexandr Lukashenko, con sanciones.
El mandatario, a su vez, indicó que su país no tenía “ni dinero ni fuerza” para detener el éxodo y estimó que Varsovia buscaba pretextos para emplazar a sus efectivos más cerca de las zonas limítrofes.
En ese contexto la portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Shabia Mantoo, expresó preocupación y manifestó su disposición para ayudar a la UE a resolver lo que calificó de “problema humanitario”.
De su lado el Canciller ruso, Serguéi Lavrov, acusó de “hipócrita” al mecanismo integracionista y aseguró que Moscú hizo todo lo posible para resolver esa crisis, mientras que el bloque impuso sanciones a Minsk y suavizó su posición con Varsovia.
En ambos casos la UE se presenta como defensora de los indocumentados cuando en realidad carece de una postura común ante ese fenómeno que no solo es producto de los conflictos bélicos. Según la agencia europea de control de fronteras, Frontex, 196 mil migrantes arribaron a países de ese continente en 2021.
El aumento de la pobreza y la desigualdad, agravadas por la pandemia de la Covid-19, y fenómenos asociados a la emergencia climática, que adquieren un volumen considerable, cuentan entre las razones de ese éxodo, cuyas cifras aumentaron en relación con el año anterior, añade la entidad.
La profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, Ruth Ferrero, consideró en su momento que no es necesario innovar en términos de políticas, sino aplicar herramientas que “lamentablemente los Estados no quieren utilizar”.
Ahora una nueva crisis incide en el llamado viejo continente tras la operación militar especial que lleva a cabo Rusia en el Donbass.
Sucedió entonces un éxodo masivo y repentino de personas que la UE se apresuró a albergar, de forma temporal, incluso por encima de los protocolos sanitarios para contener la pandemia de Covid-19.
La cifra ya supera el medio millón y Polonia es una de las naciones que más refugiados acogió hasta hoy (más de 100 mil), pero también aceptó miles de militares y armamento de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) para presionar a Rusia.
Igual postura asumieron estados como Hungría, Moldavia, Eslovaquia, Rumanía y otros que se alinearon al discurso acusador de Occidente contra Moscú.
En tanto el Kremlin ratificó reiteradamente que sus operaciones no están dirigidas contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.
Mientras todo esto ocurre, entidades como la Organización Internacional para las Migraciones y la Acnur denuncian que los campamentos para migrantes en Grecia y otros países de la UE carecen de condiciones mínimas de habitabilidad y sanidad.
Allí viven miles de hacinados, desprovistos de atención médica especializada, y vulnerables ante enfermedades como la Covid-19.
Los países que hoy levantan la mano para acoger a quienes salen de Ucrania guiados por el discurso de Occidente, son los mismos que se mantienen indolentes ante un mal que causa miedo, desesperación y miles de muertes cada año, consideran analistas locales.
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