El presidente de la fuerza política de izquierda, Fernando Pereira, sentenció al desmentir una frase del discurso que “no sé qué puede pensar una maestra o un policía si le dicen que no le metieron la mano en el bolsillo si en el primer año de gobierno, perdieron 19 jornales”.
Asimismo, denunció la aplicación de un ajuste fiscal muy injusto, al cortar las inversiones, salarios y jubilaciones, en un monto total de unos 300 millones de dólares y afirmó que 100 mil personas cayeron por debajo de la pobreza.
La coalición opositora criticó que tampoco se hiciera mención en el discurso presidencial de la concesión del puerto a una multinacional, injustificada en términos económicos, sin informes jurídicos, denunciada ante la Fiscalía.
En la semana los senadores frenteamplistas Charles Carreras y Mario Bergara ratificaron que hay graves delitos contra el patrimonio nacional en la entrega por el Gobierno de un monopolio portuario en la terminal de contenedores a la multinacional Katoen Natie durante 60 años.
Ambos comparecieron como acusadores en una audiencia con el fiscal que lleva el caso, Gilberto Rodríguez, quien ya envió un oficio a la Administración Nacional de Puerto para que se le entregue en el plazo de 10 días, toda la documentación que obren en expedientes que sustentan el proceso de negociación entre el Gobierno y la empresa.
Mientras la Asociación de Empleados Bancarios de Uruguay (AEBU) constató los depósitos en cuentas alcanzaron en 2021 cifras récord, superiores a seis mil millones de dólares y se profundiza la concentración de la riqueza en el país.
Contrastó que en cambio, el 20 por ciento más pobre de la población tiene un ingreso que no les alcanza para cubrir todo su consumo mensual, se ven afectados muy fuertemente por la inflación, sin poder de maniobra.
En este entorno crítico, el diputado del FA, Daniel Caggiani, comentó que el gobierno llegó a un 36 por ciento de aumentos de los combustibles en un año y algunos meses y llamó en Twitter “parar esto” con el voto para derogar en referendo 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el 27 de marzo.
Por su parte, Asociación Uruguaya de Laboralistas denunció que la LUC introdujo modificaciones en las relaciones laborales que significan un claro retroceso en protección y garantía de derechos, le impide al trabajador negociar en igualdad de condiciones con el empleador, y limita el derecho de huelga.
A su vez el director del Banco de Previsión social en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, advirtió que si gana el No oficialista a la derogación de los 135 artículos de la LUC se postergará la edad legal obligatoria de jubilación y seguirá bajando el poder de compra de la población pasiva.
msm/hr
