Días atrás la Asociación de Magistrados (AMU) expresó preocupación ante el intento del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de presionar indebidamente en un caso que involucra a dos policías.
Heber acudió a un juzgado del departamento Durazno, donde dos agentes fueron imputados por la muerte de un joven de 20 años, quien viajaba en su moto en agosto de 2020, cuando eludió un control policial, y al ser perseguido por los efectivos perdió el control de su vehículo e impactó contra un árbol.
Sus declaraciones a la salida del juzgado en las que consideró innecesario el proceso emprendido, cerca de un piquete policías en apoyo y frente a familiares de la víctima causaron críticas.
La gremial de abogados rechazó “toda actitud que pueda ser entendida como una injerencia de cualquier poder del Estado sobre otro”, al tiempo que señaló que quienes cumplen función pública deben entender la responsabilidad que implica cada una de sus palabras y manifestaciones.
“Reivindicamos el derecho de los colegas de trabajar en un ambiente respetuoso y sin presiones, y asimismo, remarcamos que la independencia no sólo es un derecho del juez, sino una obligación que debe cumplir a conciencia”, enfatizó en una declaración.
Por otra parte la Institución Nacional de Derechos Humanos cuestionó al gobierno por minimizar el abuso policial y la tendencia a desestimar la seriedad de las denuncias o dar una explicación que es como una “contraversión”.
Al afirmarlo su presidente Wilder Tayler, en conferencia de prensa, añadió que “cuando hay un video cambia y eso nos preocupa porque para el ciudadano común es una barra de prueba extremadamente alta que te filmen si hay abuso”.
Opinó que la ley de urgente consideración contiene “un paquete de medidas que todas jutas deberá debilitamiento de garantías”.
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