Criticada por la ONU y grupos de derechos humanos, la llamada detención administrativa es utilizada por Israel para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar entre tres y seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa política inician huelgas de hambre indefinida para denunciar su caso y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
De forma paralela, el resto de los reclusos palestinos mantiene también una protesta masiva ante la negativa de las autoridades de Tel Aviv de poner fin a las medidas punitivas adoptadas en su contra, señaló el Club de Prisioneros.
Los presos informaron que continuarán con su estrategia de desobediencia y rebelión contra las leyes penitenciarias hasta que sus demandas sean aceptadas.
En ese sentido, anunciaron una huelga de hambre el 25 de marzo si para esa fecha no hay una solución.
La tensión en esos centros escaló desde septiembre de 2021, tras la fuga de seis palestinos de la norteña prisión de máxima seguridad de Gilboa.
Aunque fueron atrapados tras una masiva cacería, los funcionarios de Tel Aviv aplicaron numerosas medidas punitivas contra el resto de los detenidos como prohibiciones de visitas y la reducción del tiempo en el patio, lo cual provocó enfrentamientos y huelgas.
Luego de semanas de choques, se lograron acuerdos entre las partes, pero la decisión de Israel de incumplirlos provocó una nueva ola de protestas, que incluyó la negativa a ponerse de pie en el pase de revista en las mañanas, a salir al patio y la devolución de las comidas.
Según datos oficiales, en los finales de enero último la cifra de presos palestinos ascendió a unos cuatro mil 500 habitantes de la franja de Gaza y Cisjordania, incluidas 32 mujeres y 180 menores.
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