El grupo tendrá seis meses para redactar un proyecto de ley que sustituya a la actual legislación en la materia, publicada en 1950.
Tal norma establece los ritos de la iniciativa y tipifica los delitos de responsabilidad que conducen a la destitución de un presidente de la República y de ministros de Estado, de la Corte Suprema y del fiscal general.
Cuando se constituyó la junta, el 11 de febrero, el titular del Senado, Rodrigo Pacheco, afirmó que la actual ley no se ajustaba a la Constitución de 1988 y era «una fuente de inestabilidad institucional, por lo que exigía su completa revisión».
Las dos veces que se utilizó para condenar a un presidente de la República -en 1992 (con Fernando Collor) y en 2016 (Dilma Rousseff)- la ley fue objeto de varias impugnaciones en el STF, que eliminó o ajustó varias de sus reglas para hacerlas compatibles con las normas constitucionales vigentes.
Según el diario Gazeta do Povo, en un artículo publicado en octubre pasado en el periódico Folha de Sao Paulo, Lewandowski señaló lo que considera problemático en la actual ley de impeachment.
Y son estos problemas, en opinión del juez, los que servirán de guía para los debates en la comisión de juristas. En tal sentido, según la Gazeta, estos se pueden resumir en cinco puntos.
Primeramente, el hecho de que solo dependa del timonel de la Cámara de Diputados la decisión de poner en marcha el proceso, así como su poder para decidir cualquier plazo.
La falta de una defensa completa del presidente de la República tras la presentación de la acusación y antes de la decisión de Diputados de aceptarla o rechazarla.
Asimismo, la facilidad de presentar una acusación sin mayores consecuencias para el acusador en caso de que se presente la solicitud de juicio político.
La tipificación abierta que define lo que es un delito de responsabilidad, la cual deja lugar a infinidad de actos o conductas a encuadrar.
Finalmente, la posibilidad de una «mayoría ocasional» en el Congreso para destituir a un presidente de la República elegido con millones de votos.
De acuerdo con el cotidiano, tampoco se descarta la discusión sobre una de las principales polémicas del impeachment de Rousseff: el corte de la pena.
En la sentencia final del proceso, la exgobernante perdió su mandato, pero se libró de la otra sanción: la inhabilitación para ejercer cargos públicos en ocho años.
Con esto, Rousseff, por ejemplo, podría presentarse como candidata en 2018 (perdió la disputa por el Senado por el estado de Minas Gerais (sudeste). Fue diferente del entendimiento con respecto a Collor, quien tuvo que esperar los ocho años.
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