Justo el 8 de marzo, cuando colectivos de mujeres salieron a las calles a exigir sus derechos, el Legislativo dio el visto bueno a toda carrera a la iniciativa 5272, la cual se convirtió en el Decreto 18-2022, blanco de críticas por parte de bancadas opositoras.
En opinión de la diputada Lucrecia Hernández, del partido Semilla, la ley tiene un nombre bonito, pero, al llamar anormales a quienes no son heterosexuales, incita a la discriminación y el odio, e impone, además, la moral cristiana, violando la libertad de credo del resto de creencias religiosas, advirtió.
«La ley por la vida y la familia ahondará en la devastación emocional de las mujeres que sufrieron una pérdida espontánea de su embarazo, por el riesgo de ser perseguidas y penalizadas», argumentó la exministra de Salud.
Similar rechazo expresó su compañera de bancada Ligia Hernández, quien llamó a las mujeres del Congreso a no legislar contra su propio género por ser «un insulto y una afrenta a todas las féminas que no tienen, en principio, acceso a la salud”.
Las primeras protestas se hicieron sentir el propio Día Internacional de la Mujer, cuando colectivos que participaban en el festival ¡Vivas nos queremos¡, en la capitalina Plaza de la Constitución, llegaron hasta la sede del Hemiciclo para denunciar el carácter anticonstitucional y retrógrado de la nueva normativa.
Desde entonces, la etiqueta #NoALa5272, se convirtió en tendencia, además, en las redes sociales, donde usuarios reaccionaron molestos ante la pretensión de endurecer más las penas contra el aborto (de cinco a 10 años de cárcel), así como desconocer la diversidad de las familias y prohibir la educación sexual en las escuelas.
La presión se hizo sentir más en medio de la proclamación de Guatemala como «Capital Iberoamericana por la Vida» como parte de las actividades del Congreso Iberoamericano por la Vida, que también recibió el rechazo ciudadano.
Ante el descontento, el presidente Alejandro Giammattei pidió a la dirección del Legislativo archivar el Decreto 18-2022 en un mensaje a la nación el 10 de marzo.
El gobernante confirmó su desacuerdo con la normativa porque viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria, pero lo más preocupante, dijo, es que viola la Constitución de la República.
Además, presenta deficiencias técnicas en su redacción, explicó en una corta intervención.
Para tomar distancia del tema, Giammattei aclaró que no fue una iniciativa del Ejecutivo, a pesar de su coincidencia con la declaración de Guatemala como «Capital iberoamericana por la Vida».
«No podemos unir una cosa con la otra», manifestó, al tiempo que pidió a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que no envíe la ley a su despacho, porque será vetada.
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