El ministro de Defensa René Merino confirmó que choferes militares se encargarán del funcionamiento de las rutas 152 y 42, de la empresa Acostes, cuyo dueño, Catalino Miranda, fue arrestado el sábado en la noche.
Las unidades de Miranda, empresario célebre por su negativa a pagar renta a las pandillas, serán operadas por el Estado salvadoreño, en virtud del artículo 110 de la Constitución.
Según la Carta Magna, «el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente, por medio de las instituciones oficiales autónomas».
El presidente de la República, Nayib Bukele, instó a Merino a preparar a más conductores, pues si otros transportistas se van al paro, sus unidades también serían intervenidas.
«Si quieren escalar, escalamos. Señores transportistas, por tercera vez: no jueguen con fuego. Solo cumplan la ley… o la haremos cumplir nosotros», tuiteó Bukele.
El mandatario anunció el jueves 11 medidas económicas para paliar el alza en los precios del combustible, así como la inflación en general, y advirtió que los transportistas no podrían incrementar el pasaje.
Pese a ello, entre viernes y sábado fueron impuestas más de 300 multas a igual número de unidades del transporte público por cobrar más de lo establecido.
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