Al argumentar su demanda, la Organización no Gubernamental afirmó que la última versión del proyecto, sancionado por la Knesset (Parlamento) la pasada semana, reconoció de forma abierta que el propósito es limitar los matrimonios de palestinos con árabes-israelíes para mantener el carácter de Israel como Estado judío.
Tener en cuenta el origen étnico como base para interferir en cuestiones de matrimonio y ciudadanía es rechazado por la comunidad internacional desde el fin de la Guerra Mundial (1939-1945), recordó.
En los últimos días varios legisladores condenaron la extensión de la normativa al considerar racista y discriminatoria esa práctica adoptada por la derecha.
Aprobada en 2003 de manera temporal y desde entonces renovada cada seis meses, la Ley de Ciudadanía prohíbe la concesión automática de ese derecho a palestinos que se casen con nacionales.
Es una norma racista, “miles de personas que viven dentro del país y no dañan su seguridad, viven sin derechos básicos y sin capacidad de trabajo por culpa de esta cruel ley”, escribió en Twitter el diputado Ayman Odeh, líder de la Lista Conjunta, una coalición de pequeños partidos árabes y de izquierda.
En similar sentido se pronunció su colega del hemiciclo Aida Touma-Sliman, quien consideró que esa iniciativa es una muestra del régimen de Apartheid imperante.
La reunificación familiar permite a un israelí solicitar la ciudadanía para su cónyuge extranjero.
La mayoría de estas son enviadas por árabes-israelíes, que suman casi 1,9 millones, en nombre de un cónyuge palestino que vive en Cisjordania o la franja de Gaza.
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