La flexibilización de los requisitos de acogida incluye el cambio de visa temporal por 90 días a una de larga duración, con derecho a residencia y trabajo durante un año.
De acuerdo con las autoridades niponas cada caso será evaluado según sus necesidades individuales.
La víspera, el secretario en jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, declaró a la prensa que su gobierno cooperará con las prefecturas y empresas locales interesadas en socorrer a los refugiados, para asegurarles condiciones de vida como viviendas, empleos y becas de estudio.
Esta medida responde a una solicitud del embajador ucraniano en Tokio, Sergiy Korsunsky, sobre la posibilidad de otorgar permisos laborales a sus ciudadanos desplazados, durante la estancia en Japón. A partir del 2 de marzo hasta la fecha, unos 47 ucranianos pisaron territorio japonés tras huir del conflicto en su país de origen.
“Deseamos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania”, destacó el primer ministro, Fumio Kishida, al anunciar a principios de este mes su política de fronteras abiertas ante la crisis humanitaria.
Las actuales disposiciones difieren de la práctica japonesa habitual en temas de inmigración, caracterizada por la poca aceptación de refugiados. En 2020 el gobierno solo permitió la entrada de 47 personas bajo ese estatus, de las casi cuatro mil solicitudes.
El pasado 24 de febrero, Rusia inició una operación militar especial en la región del Donbáss, para proteger las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk de los abusos y el genocidio del ejército ucraniano.
La ofensiva del Kremlin busca también desmilitarizar a Ucrania para garantizar su seguridad nacional, frente a la amenaza que representa la política belicista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y su proyectado expansionismo hacia el este.
Las partes enfrentadas han realizado cuatro rondas de diálogo para alcanzar un cese el fuego, mientras tanto, la cantidad de civiles desplazados supera los tres millones, divulgó Naciones Unidas.
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