El portal Brasil de Fato asegura que 132 mil 290 familias en todo el país están amenazadas de ser despedidas de sus moradas a partir del 31 de marzo.
Tal fecha es el plazo para la suspensión de las expulsiones forzosas, determinado por el Supremo Tribunal Federal a causa de la catástrofe sanitaria.
Los actos, en los que se pide al Supremo que amplíe la validez de la decisión tomada en la Alegación de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 828, fueron organizados por la Campaña Nacional Desahucio Cero y los movimientos sociales.
Esta ley federal que prohíbe los desalojos contra las familias vulnerables, resultado de un proyecto de la diputada Natália Bonavides, del Partido de los Trabajadores (PT), tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Bonavides presentó el pasado año una solicitud de prórroga de la legislación hasta el 30 de junio de 2022, pero aún no aparece en el orden del día de las votaciones del Congreso Nacional.
Sin las normas legales, estas familias corren el riesgo de perder su techo, lo que significa alrededor de medio millón de personas en la calle.
De acuerdo con la parlamentaria, la disposición fue aprobada con mucha movilización de los movimientos sociales que luchan por la vivienda.
«Logramos la importante victoria de aprobar nuestra ley federal para prohibir los desalojos y embargos contra las familias vulnerables durante la pandemia», indicó.
Insistió en que «la lucha por la vivienda siempre ha sido central para el Partido de los Trabajadores y durante una crisis sanitaria, profundizada por las desastrosas y criminales acciones de (presidente Jair) Bolsonaro, no podía ser diferente».
Para Bonviades, salvamos vidas con la suspensión de los desalojos y seguimos en la lucha, junto a los movimientos sociales y los partidos de la oposición.
«La gente está sufriendo y necesita que se le garanticen los derechos básicos, como el derecho humano a la vivienda», recalcó.
Un balance de la campaña, articulación nacional que reúne a 175 entidades, apunta a una «verdadera bomba de relojería», según Raquel Ludemir, coordinadora de incidencia política de la organización no gubernamental Hábitat para la Humanidad.
Datos denuncian que hasta febrero hubo un aumento del 602 por ciento en el número de núcleos consanguíneos amenazados de desahucio. Incluso, bajo la ADPF y la pandemia, más de 27 mil fueron retirados en el gigante suramericano, una subida del 333 por ciento en el período.
Hasta los primeros cinco meses de la crisis sanitaria, en agosto de 2020, un total de seis mil 373 familias (más de 30 mil personas) fueron puestas en la calle.
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