En declaraciones a la prensa al término de una visita a estaciones de recepción migratoria en regiones como Bajo Chiquito, San Vicente y Lajas Blancas, en la selva de Darién, el titular de la CIDH, Ricardo Pérez, reconoció también que hay avances en la atención a esas personas.
Consultado sobre lo que apreció en esa breve estadía, Pérez dijo sentirse preocupado en lo personal sobre la perspectiva humana detrás de la historia de cada uno de los migrantes entrevistados.
En ese sentido, recordó que la CIDH emitió tres opiniones consultivas, que competen no solo a Panamá sino a toda la región, una de ellas de 2008, acerca de los migrantes no documentados.
Indicó que la otra consulta se refiere a la asistencia consular; y una tercera, de 2014, a la situación de los menores en todo lo que representa la movilidad internacional.
Esta visita de la comitiva de la CIDH revisó el cumplimiento de medidas impuestas al istmo, a raíz del caso del ecuatoriano Juan Vélez, detenido y encarcelado en 2002, y quien un año después, ya deportado a su país de origen, denunciara haber sido víctima de tortura y malos tratos en los centros penitenciarios donde permaneció.
Debemos evaluar y emitir conclusiones en el plenario de la CIDH, que escuchará los informes de los jueces que nos acompañaron en la visita, junto a las máximas autoridades de los ministerios panameños de Seguridad y Salud, Secretaría de la niñez y la Adolescencia, Defensoría del Pueblo, Migración y Servicio Nacional de Fronteras, precisó.
Alertó Pérez que en general la existencia o no de medidas de la Corte no exonera a Panamá ni a ningún otro Estado a cumplir con políticas migratorias que respeten los principios elementales de derechos humanos.
En diálogo con periodistas, el Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, comentó por su parte que la institución que dirige revisa en el terreno con frecuencia la situación de los migrantes, cuyas cifras disminuyeron considerablemente.
Al respecto, detalló que si en 2021 las personas que transitaban por la selva de Darién con rumbo al norte oscilaba entre 15 y 20 mil mensualmente como promedio, este año bajaron a unas cuatro mil en igual lapso.
Señaló que algunas recomendaciones de la CIDH como garantizar la vacunación antiCovid-19 a todos los migrantes es imposible de cumplir debido a la misma movilidad que tienen estas personas.
También entrevistada sobre sus impresiones, la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Claudia Paz, sugirió que las medidas sobre Panamá deberían mantenerse toda vez que aún se mantienen los riesgos por la Covid-19 y hay denuncias de hechos de agresión sexual a niñas migrantes.
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