En la demanda, distribuida al sexto Juzgado Federal de Brasilia, el MPF argumenta que esos actos no se ajustan a la inmunidad prevista en la Constitución, según la cual el jefe de Estado solo puede responder por hechos ocurridos durante el mandato.
De acuerdo con la Fiscalía, esta exención se limita al ámbito penal.
Informó que envió la denuncia contra Bolsonaro por desviar recursos públicos usando a una asesora fantasma que en realidad nunca llegó a trabajar en su gabinete.
«La acción pide que los requeridos (Bolsonaro y Santos) sean condenados por la práctica de un delito contra la probidad administrativa, así como que devuelvan los recursos públicos indebidamente desviados», precisa el órgano en un comunicado.
Santos fue nombrada por el entonces diputado federal Bolsonaro en febrero de 2003 para ocupar el cargo de secretaria parlamentaria de su oficina en el Distrito Federal.
Permaneció en la plaza hasta agosto de 2018, cuando fue despedida después de que el caso fuera revelado por el diario Folha de Sao Paulo.
Según la investigación realizada por el MPF, durante los 15 años que estuvo vinculada a la oficina de Bolsonaro, la exsecretaria nunca estuvo en Brasilia y no ejerció ninguna función relacionada con el puesto.
Además, de acuerdo con la acción, Santos todavía prestó, junto con su compañero Edenilson Nogueira García, servicios de carácter privado a Bolsonaro, como el cuidado de una casa en la histórica villa de Mambucaba y con los perros del ahora mandatario.
De igual manera el análisis de sus cuentas bancarias reveló un movimiento atípico, pues el 83,77 por ciento de las remuneraciones percibidas en este periodo se retiraron en especie, y en algunos años, estos porcentajes superaron el 95 por ciento de los ingresos percibidos.
Para el MPF, Bolsonaro tenía pleno conocimiento de que Santos no prestaba los servicios correspondientes al cargo y, aun así, atestiguó falsamente su asistencia al trabajo en su despacho para acreditar las horas laborales exigidas por la Cámara baja- 40 semanales-, y permitir así el pago de los salarios.
Insiste el Ministerio Público en que «la conducta de los acusados y, en particular, del exdiputado federal y actual presidente de la República Jair Bolsonaro distorsionó demasiado lo que se espera de un funcionario público».
En el ejercicio del mandato constituyente, agrega, «no solo traicionó la confianza de sus electores, sino que violó el decoro legislativo, al desviar fondos públicos destinados a remunerar al personal de apoyo a su oficina y a la actividad parlamentaria».
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