Según explicó el presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, la medida es parte del proceso de antejuicio en su contra y durará mientras dilucide su situación legal.
«Ya lo esperaba», expresó Xitumul, quien recibió la noticia en medio de una audiencia, y aseguró que continúa ostentando su calidad como juez.
En opinión del togado, no existe un plazo definido para apartarlo del puesto porque depende de los tiempos del proceso penal, y calificó como falso que lo hayan destituido.
Actualmente, Xitumul estaba al frente del debate oral y público de 24 implicados en el caso conocido como 22R, el cual involucra a una supuesta estructura criminal dedicada al robo de vehículos.
Con la decisión de este martes, el juicio se interrumpió y el mismo podría retomarse cuando se reintegre el Tribunal o comenzar desde cero, posiblemente en 2024, advirtió.
De acuerdo con el vocero del Organismo Judicial, Fredy Calderón, la separación de la función jurisdiccional se produce para garantizar el efectivo ejercicio de la defensa por parte de Xitumul.
En febrero último, este confirmó al medio alternativo Prensa Comunitaria que la medida en su contra es parte de una estrategia de regresión.
«El pueblo de Guatemala necesita justicia eficaz y no solapada o sesgada, como pretenden algunos grupos al cooptar y copar las instituciones del Estado», consideró.
Es un mensaje «a los jueces y fiscales honestos» que dice: «esto te va a pasar si nadas contra la corriente», argumentó entonces.
Según dijo al periódico digital, los hechos utilizados para construir este caso en su contra ocurrieron en febrero de 2019, cuando fue víctima de agresión e intimidaciones por el subinspector de la Policía Nacional Civil José Cuxaj, en el kilómetro 20 de Ciudad Quetzal, Mixco.
Xitumul estuvo a cargo del juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt, el procesamiento de cinco militares por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, el caso Dos Erres y el denominado Agua Mágica, en el que condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción.
La noticia de este martes antecede al exilio, ayer, de la hasta entonces jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, por peligrar su vida ante amenazas y un proceso de antejuicio en marcha para despojarla de inmunidad y mandarla a prisión como parte de la estrategia de criminalización contra jueces independientes, recordaron aquí analistas.
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