De acuerdo con el veredicto emitido este viernes por el Tribunal Superior de Londres, esa política practicada en secreto pero de forma asidua por los funcionarios del ministerio del Interior viola los derechos humanos y las leyes de protección de datos.
Durante la audiencia del caso presentado por tres inmigrantes trascendió que los agentes les dijeron que serían llevados ante los tribunales si se negaban a entregar la contraseña de sus teléfonos, cuando en realidad no era un delito rehusarse.
Los abogados de los demandantes afirmaron que la práctica sistemática de confiscarle los celulares para extraer información personal, fotos y videos constituye un asalto sin precedente al derecho a la privacidad.
Los representantes del ministerio del Interior admitieron que la política era ilegal, pero alegaron que los datos obtenidos ayudan a las autoridades a recopilar pruebas contra los traficantes de personas.
Más de cuatro mil personas llegaron al sur de Inglaterra de forma irregular en lo que va de año, tras cruzar el canal de La Mancha desde el norte de Francia a bordo de botes de goma.
El año pasado, más de 28 mil completaron la peligrosa ruta, que se cobró la vida de al menos 37 inmigrantes, pero se calcula que esa cifra podría triplicarse en 2022.
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