Este recurso se instauró constitucionalmente en Uruguay en 1967 para que la ciudadanía se pronuncie contra la totalidad de una ley o parcialmente en contra de uno o más de sus artículos, mediante una solicitud hecha por el 25 por ciento del electorado.
Su primer ejercicio transcurrió en 1989, impulsado por familiares de desaparecidos de la dictadura, el Frente Amplio y organizaciones de izquierda para barrer con la Ley de caducidad de 1986, una especie de amnistía a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos.
El resultado fue la opción de mantenerla con un 55 por ciento y los que buscaban derogarla un 41 por ciento, y con el primer gobierno frenteamplista electo en 2005 su mayoría parlamentaria logró una enmienda que permitió iniciar juicios a represores.
Una segunda consulta popular en diciembre de 1992, echó abajo una reforma del gobierno del presidente Luis Lacalle Herrera, del Partido Nacional, para transferir al sector privado a la Administración de Telecomunicaciones (Antel) y las aerolíneas uruguayas (Pluna).
En 2001, el gobierno del entonces presidente Jorge Batlle, del Partido Colorado buscaba impulsar una idéntica privatización de la Administración Nacional de combustibles, alcoholes y portland (Ancap) mediante un llamado proyecto de “ley de consenso”.
Pero en enero de 2003 la federación sindical presentó 650 mil firmas a la Corte Electoral para someter dicha legislación a un referendo, en el que votos por el Sí derogatorio con boleta rosada, representó el 62 por ciento ganador.
En la consulta ciudadana de este jornada los partidarios de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) concurren a depositar en las urnas papeletas del mismo color y la expectativa de asemejar el resultado.
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