«Eugênio (Aragão, exministro de Justicia) y yo estudiamos un recurso con el cuestionamiento de que no se puede confundir la campaña anticipada con la libertad de expresión», afirmó el abogado Cristiano Zanin Martins, jefe del equipo jurídico de Lula, al Panel del diario Folha de Sao Paulo.
La víspera, el ministro Raul Araujo, del TSE, calificó de propaganda electoral manifestaciones de apoyo a Lula de los cantantes Pabllo Vittar y Marina en el Lollapalooza, en el estado de Sao Paulo.
Araújo también determinó una multa de 50 mil reales (un poco más de 10 mil 400 dólares) para la organización del evento si hay otras declaraciones de carácter político.
La decisión del ministro atendió parcialmente una solicitud de la campaña del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Liberal, celebrada el sábado.
El abogado Marco Aurélio de Carvalho, del grupo Prerrogativas (espacio de intercambio de ideas con visión progresista), evaluó que Bolsonaro se equivocó al acudir al TSE y alertó que la medida puede crear «un precedente muy grave» contra la libertad de expresión.
«Solo el intento de obtener una decisión con este contenido resulta una grave demostración del carácter autoritario con el que Jair Bolsonaro pretende actuar en los tribunales», argumentó.
Al respecto, la diputada Erika Kokay calificó de absurda la censura del tribunal electoral y en redes sociales se preguntó: «¿Qué clase de país es este que la manifestación de opinión se ha convertido en propaganda política anticipada?».
Para la parlamentaria socialista Talíria Petrone, «el argumento del presidente autoritario es la manifestación de @pabllovittar a favor de Lula. ¡Esto es CENSURA! El bolsonarismo utiliza la arbitrariedad para silenciar a quienes no defienden su política. ¡Tiene miedo!», remarcó.
Un caso similar juzgó el TSE en 2018, cuando el reconocido cantautor inglés Roger Waters, uno de los fundadores de la legendaria banda de rock Pink Floyd, criticó a Bolsonaro en espectáculos realizados en el país.
La candidatura del exmilitar demandó al exalcalde Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, y a Manuela D’Ávila, del Comunista, por abuso de poder económico.
Por unanimidad, el TSE rechazó el recurso, al estimar que Haddad y D’Ávila no podían ser responsables del discurso del vocalista de Pink Floyd.
En la ocasión, los ministros subrayaron que no estaba probado que los conciertos de Waters tuvieran alguna repercusión en el resultado de las elecciones.
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