Organizaciones civiles, indígenas y campesinas convocaron las manifestaciones, en el contexto de la elección del próximo Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), un proceso cuestionado tanto por la labor de la Comisión de Postulación a cargo como por la idoneidad de varios aspirantes al cargo clave en el sistema de justicia.
Primero desde los territorios, frente a las sedes del MP, y luego en esta capital con un plantón en las afueras del Palacio de Justicia, las acciones comenzaron el martes último y concluyeron el jueves con una caminata ciudadana que tuvo entre sus paradas, la Corte de Constitucionalidad, el Congreso y por último, Casa Presidencial.
Integrantes de la Asamblea Social y Popular, Acción Ciudadana, Justicia Ya, Sector Interreligioso Centinelas, Alianza por las Reforma, Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, exigieron un alto al robo de los recursos de los pueblos, el cese de la violencia sistemática del Estado y la no reelección de la actual Fiscal General.
Demandamos que la Postuladora no proteja al Pacto de Corruptos, ni los privilegios de los empresarios, pidieron en una jornada de plantón y vigilia justo cuando los candidatos al puesto realizaban sus entrevistas, último paso para la confección de la lista final de seis nombres para entregar al presidente Alejandro Giammattei.
En particular, rechazaron que entre ellos estén Porras, quien recibió la mayor cantidad de tachas de organizaciones y ciudadanos; Jorge Luis Donado, actual Procurador General de la Nación; y José Enrique Urrutia, abogado de la Fundación contra el Terrorismo.
De igual forma, Henry Elías, magistrado de la Sala de Femicidio; Óscar Dávila, jefe de la Comisión Presidencial contra la Corrupción; y Gloria Súchite, magistrada suplente de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, a quienes consideran «parte del mismo Pacto de Corruptos».
En bloque, las organizaciones advirtieron sobre el giro del país en los últimos años al perder la poca democracia y las escasas garantías constitucionales apenas existentes.
«No solo peligran las sentencias de la Corte de Constitucionalidad relacionadas con el derecho de consulta de los pueblos indígenas, sino casos juzgados por genocidio y otros relacionados con actos de corrupción en los diferentes niveles del Estado», recordaron.
Asimismo, repudiaron la criminalización, persecución y judicialización de líderes y lideresas comunitarias, de autoridades indígenas, activistas defensores de derechos humanos, comunicadores comunitarios, de jueves, fiscales y exfiscales, que hoy tienen arresto domiciliario, orden de captura o atraviesan juicios y otros ataques.
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