Según una indagación liderada por el juez Roberto Andrés Gallardo, dicha entidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utilizó el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP), instalado en 2019, para obtener datos y observar a políticos, periodistas, diputados, letrados y miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Entre esos ciudadanos se encuentran la vicemandataria Cristina Fernández y las presidentas de las asociaciones Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, respectivamente, según precisó el diario Página 12.
Lo anterior se conoció luego de que el Observatorio de Derecho Informático Argentino presentara un recurso contra el SNRP, implementado durante la administración del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) bajo la justificación de perfeccionar la detección de individuos buscados por las autoridades citadinas.
Con tal propósito, el Ministerio capitalino firmó un contrato con el Registro Nacional de las Personas y con la cartera de Justicia del Estado para acceder a la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Captura, que contiene información de 50 mil ciudadanos.
Sin embargo, según las indagaciones de Gallardo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, dicha entidad realizó un total de nueve millones 900 mil 282 consultas, cifra considerablemente superior a la de procesados por los tribunales.
El juez ordenó la suspensión del SNRP y el allanamiento del Ministerio capitalino, cuyas autoridades alegaron que la información obtenida fue empleada no solo para seguir a ciudadanos buscados por la Justicia, sino para trámites regulares.
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