El ponente del caso en el TCU, Aroldo Cedraz, sancionó este miércoles el proceso de desnacionalización como lo planteó el Gobierno y que fue aprobado por el Congreso, pero pidió revisar el precio mínimo de las acciones utilizado como referencia.
También sugirió una cláusula que facilitaría la eventual desestatificación de la compañía, renunciando a ella después de la sesión.
El magistrado Vital do Rêgo pidió la palabra a la presidenta del tribunal, Ana Arraes, poco después de la participación inicial del instructor.
Precisó que los ministros solo tuvieron acceso a la votación a las 12:15 hora local, lo cual impediría un examen preciso de un caso tan complejo, pero señaló las incoherencias.
«Los nuevos puntos débiles, por decirlo de alguna manera, saltan a la vista», aseguró.
Enumeró problemas que repercutirían en los nuevos contratos y «fallos metodológicos señalados según las premisas que están en el propio proceso», además de posibles impactos en la factura eléctrica a largo plazo.
«Se trata de la enajenación de activos de la Unión por el menor valor que representa», resumió y pidió 60 días de aplazamiento. Al final, Arraes estableció un plazo de 20 jornadas para la vista colectiva.
El 21 de junio la Cámara de Diputados aprobó con 258 votos a favor y 136 en contra el proyecto para la desnacionalización de Eletrobras.
Anteriormente, el 17 de junio el Senado aprobó el denominado texto base, que delimita las líneas principales de la iniciativa. La Cámara baja había certificado el 20 de mayo la privatización.
Tras la primera votación parlamentaria, que ocurrió durante una encendida sesión, el jefe del bloque de partidos de la oposición, Alessandro Molon, criticó la medida en aquella ocasión.
«¿Es razonable vender la sexta empresa más lucrativa de Brasil, una empresa decisiva para la soberanía energética? ¿Es razonable votar un texto importante como este en 23 horas?», preguntó Molon, del Partido Socialista Brasileño, de centroizquierda.
La medida fue entregada al Parlamento personalmente por Bolsonaro el 23 de febrero de 2021 como parte de su ambiciosa agenda económica liberal.
Al respecto, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva alertó sobre esta liberalización que pondría en riegos la soberanía y seguridad energéticas de Brasil.
En un mensaje en la red social Twitter, el fundador del Partido de los Trabajadores denunció que Bolsonaro venderá Eletrobras a «precio de banana» y es una transgresión más «contra el pueblo brasileño y el futuro de nuestro país».
Lula insistió en que privatizar Eletrobras «es entregar en bandeja un patrimonio inestimable».
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