El reclamo se produce en medio de la crisis en que sigue sumido el sistema de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuyo desmantelamiento impulsa el gobierno anexionista de Pedro R. Pierluisi.
Como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representante, Torres cursó una carta en la que detalla los hallazgos obtenidos en vistas públicas.
Estos hallazgos generaron varios informes, resoluciones y proyectos dirigidos a enmendar las leyes de la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, del Negociado de Energía y hasta para ordenar la terminación del contrato de transmisión y distribución de LUMA Energy.
Si bien el Partido Popular Democrático (PPD) tiene mayoría en el Senado, al igual que la Cámara de Representantes, no tiene el control absoluto en caso de un veto del gobernador Pierlusi, del Partido Nuevo Progresista (PNP).
“Ante las deficiencias insostenibles y las varias instancias de incumplimiento con disposiciones contractuales en las que ha incurrido LUMA Energy, la Cámara de Representantes asumió el deber de ejercer la autoridad que le brinda el Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, dijo Torres.
La RCC 315 fue aprobada con 29 votos a favor de las delegaciones de representantes del PPD, del Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, pero el PNP emitió sus 16 votos en contra.
“Ahora, está ante la consideración del Senado y nuestra exhortación a los compañeros y compañeras del cuerpo hermano es que la aprueben para dar por terminado un contrato, que desde sus orígenes, era nefasto para el país”, expresó.
Informó que los hallazgos de la investigación van desde graves conflictos de interés, hasta claros incumplimientos con disposiciones contractuales.
LUMA Energy asumió control del sistema de transmisión y distribución de la estatal AEE el 1 de junio de 2021, y desde entonces ha confrontado varios problemas y deficiencias en su servicio que abarcan desde conflictos de interés, hasta apagones totales que han causado pérdidas millonarias al país.
“Estas situaciones representan riesgos a la vida de nuestra población más vulnerable y afectan la calidad de vida de los puertorriqueños”, sentenció Torres.
El diputado espera que el Senado haga lo correcto y apruebe esta resolución, pues nuestro pueblo no puede seguir sufriendo por la incapacidad que ha demostrado LUMA Energy en el manejo del sistema de electricidad del país.
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