De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía, el funcionario hizo uso de su autoridad para ordenar la demolición de varias viviendas ubicadas en la localidad de Guatire, donde residían ocho adultos y tres niños.
Posteriormente, agentes de la Policía municipal detuvieron a las personas residentes en el lugar, como parte de una operación dirigida a favorecer la construcción en esos terrenos de una empresa privada.
Los fiscales del caso imputaron al funcionario local los delitos de corrupción propia agravada, abuso de funciones, ejecución de actividades no permitidas, contravención de planes de ordenación al territorio, amenaza e intimidación, entre otros.
En fechas recientes, agricultores de una unidad de producción familiar radicada en la localidad de Guatire sufrieron la destrucción de sus viviendas y plantaciones por órdenes del alcalde Raziel Rodríguez.
Las familias afectadas por estas acciones contaban con la adjudicación de esos terrenos, debidamente otorgada por el Instituto Nacional de Tierras, de acuerdo con la denuncia formulada en su momento por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
Ante este escenario, la Asamblea Nacional aprobó la semana anterior la creación de una comisión especial para investigar los acontecimientos registrados en Guatire, y que tendrá competencia para abordar otros casos similares ocurridos en el territorio nacional.
Al intervenir ante la plenaria del parlamento unicameral, Cabello denunció que las acciones del alcalde de Zamora respondieron a intereses de sectores empresariales, e instó al resto de los diputados a preocuparse sobre estos hechos, los cuales calificó como una manifestación de fascismo contra los sectores más humildes de la población.
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