Silveira, partidario del presidente, fue condenado el miércoles pasado a ocho años y nueve meses tras amenazar a ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), exigir el cierre de esa corte y del Parlamento, y promover una intervención militar.
Un día después, el jueves, el mandatario de tendencia ultraderechista anunció a través de redes sociales su decisión de condonar la sanción contra su aliado legislador.
El decreto causó una fuerte polémica en la sociedad brasileña y partidos opositores recurrieron ante el Supremo para anular la gracia.
La organización política Red de Sustentabilidad admitió que el jefe de Estado tiene derecho constitucional de otorgar absolución a un condenado por la justicia, pero hubo un «desvío de finalidad».
Explicó que no se puede admitir que esa prerrogativa del presidente «sirva para proteger a un aliado político y particular de justa pena establecida por el Poder Judicial».
Bajo este escenario, la justicia de Río dio un ultimátum para que la administración explique el decreto que concedió el perdón individual a Silveira.
Tal determinación, firmada por el juez federal suplente Carlos Ferreira de Aguiar, está relacionada con una solicitud que alega uso indebido de propósito en el acto de Bolsonaro, según el diario O Globo.
Los demandantes piden que se detenga el indulto; según los abogados, el «decreto transforma el instituto de la gracia en verdadera revisión penal, arrogándose un poder devolutivo y suspensivo inexistente, contrario a la Constitución, y obstaculizando el libre ejercicio del Poder Judicial».
Acorde con el diario Gazeta do Povo, inicialmente, el pedido en cuestión se presentó en un tribunal del Distrito Federal, pero fue redistribuido desde Río.
También el Supremo evalúa desde el viernes los recursos presentados por la oposición contra la indulgencia de Bolsonaro.
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